Casi un tercio de los latinoamericanos son pobres y uno de cada cinco vive incluso en pobreza crónica.
La reducción de la pobreza en la región se estancó en los últimos tres años por la desaceleración económica consecuencia de la caída de las exportaciones. Según la Cepal, el 28% de los latinoamericanos son hoy pobres (167 millones), de los cuales 71 millones viven en extrema pobreza. En uno de cada cinco casos, la pobreza es crónica, según datos del Banco Mundial. Para OXFAM, unos 200 millones de personas que habían salido de la pobreza están hoy incluso en riesgo de volver a ella.
Entre los más afectados por la pobreza, según Cepal, se cuenta un país cuyo Gobierno se ufana de sus “logros sociales”: Venezuela, donde la pobreza aumentó de 25,4% al 32,1% entre 2012 y 2013. En la Argentina, otro país que apuesta por un modelo “nacional y popular”, la pobreza es hoy del 27,5%, según cifras de la Universidad Católica (UCA).
Funciona solo a corto plazo. ¿Hasta qué punto son efectivos y sostenibles los modelos redistributivos populistas? “No son efectivos ni sostenibles. Fueron financiados por el boom de las commodities y con déficits presupuestarios. Se aumentaron los gastos sociales y las subvenciones en salud, alimentos, medicamentos y combustibles, pero se descuidaron necesarias inversiones en infraestructura, educación e innovación tecnológica”, dice el Ralph Rotte, PhD. profesor de Politología y Economía en la Universidad RWTH, de Aquisgrán. Y agrega: “Ese tipo de política redistributiva funciona solo a corto plazo y con altos precios de las materias primas y las commodities”.
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A pesar de altas tasas de crecimiento en la época de auge, la financiación de los presupuestos con déficit llevó a una inflación desmesurada. Eso, unido a un creciente dirigismo estatal, una gran burocracia y a menudo irrespeto al Estado de derecho, tuvo nefastas consecuencias: “Ese conjunto de factores provocó fuga de capitales, ahuyentó a potenciales inversionistas y sembró desconfianza en los mercados financieros respecto a esas economías”, agrega Rotte.
Las alternativas existen. Si el modelo populista-asistencialista no funciona, ¿cuál es la alternativa? “Alternativas existen: una política económica y social que apueste por inversiones, la iniciativa privada, la competitividad y una paulatina apertura hacia el exterior. Prioritarias son más inversiones del Estado en infraestructura y educación, la creación de incentivos para inversionistas nacionales y extranjeros que ayuden a modernizar y diversificar la economía y una mayor integración económica, tanto a nivel regional como global”, dice Rotte.
En investigaciones económicas empíricas se ha demostrado que una política económica de ese tipo puede ir asociada además con redistribución, mayores impuestos a los ricos y transferencias a las pobres, lo que lleva a un mayor consumo, más demanda, más crecimiento y empleo.
Pero para los regímenes populistas, eso supone un doble dilema: “Los resultados de esas políticas no se ven a corto, sino más bien a largo plazo y estas exigen un retirada parcial del Estado, una política económica y un Estado de derecho confiables y una verdadera democracia”. Ninguno de esos puntos parece compatible con el 'Socialismo del siglo XXI' ni con el peronismo a la Kircher”, resalta Rotte.
Profundización de la desigualdad. Por otra parte, llama la atención que modelos populistas y asistencialistas fomentan el clientelismo y el nepotismo, como en Venezuela y la corrupción, como en Brasil. Para Rotte, no es nada inusual: “El asistencialismo está concebido como instrumento del clientelismo, para atar a parte de la población al Gobierno y asegurar mayorías populistas. Por eso no pueden separarse. Por otro lado, el modelo parte de una creciente influencia del Estado y de un rechazo ideológico de los mecanismos de adjudicación de recursos a través del mercado. Eso lleva a un aumento de la burocracia y con ello del nepotismo y la corrupción”.
La falta de sostenibilidad de los modelos asistencialistas conduce además a que estos no solo fallen en combatir la pobreza, sino que provoquen todo lo contrario. “En caso de una crisis, los ajustes necesarios, por ejemplo en caso de una bancarrota estatal, golpean sobre todo a los más pobres. El ingreso y el patrimonio retornan a la desigualdad inicial e incluso la profundizan, en vista de que la educación y la cualificación, debido a las omisiones del sistema, fueron desatendidas”, concluye Rotte.
