Un informe de 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC) asegura que el 44% de las empresas del país reconoció haber pagado un soborno. El SNA nace para luchar contra esta práctica.
La promulgación de siete leyes por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en marcha el lunes (18.07.2016) el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este proyecto, presentado como el resultado del esfuerzo y la participación de la sociedad civil para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, establece la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, otorga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mayor capacidad para investigar a entidades públicas y personas que reciban fondos públicos, y, además, clarifica el tipo de conductas que pueden desembocar en responsabilidades administrativas y penales.
“El SNA nació de los ciudadanos, será presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos” a través de instituciones “fuertes y autónomas que perseguirán el cáncer social de la corrupción”, dijo el presidente Peña Nieto en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
El organismo anticorrupción lo integran siete instituciones: la ASF, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y el Comité Ciudadano, éste último formado por cinco ciudadanos que serán elegidos por una Comisión de Selección y tendrán que ser ratificados por el Senado, y que serán los encargados de presidir el Comité Coordinador del Sistema.
Exigencia social. El SNA es la instancia que se encargará de coordinar a las autoridades de todos los organismos del gobierno. Algo que seguro resultará complicado teniendo en cuenta que, en 2015, México ocupó el puesto 95º -de 167 de países- en el índice de percepción de la corrupción que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional. Esta lista mide, en una escala de cero (muy corrupto) a cien (ausencia de corrupción), el nivel de corrupción en el sector público de un país utilizando 13 encuestas independientes realizadas a empresas y expertos.
Mientras que los países nórdicos –Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega-, Singapur y Nueva Zelanda llevan años copando los primeros puestos de la relación, otros como Somalia, Myanmar y Afganistán son habitualmente reconocidos como los países más corruptos del mundo. México, por su parte, lleva varios años en torno al puesto 100 de la lista, en la cual llegó a ocupar el puesto 106 en 2013. En los últimos años su nota no superó el 35.
A pesar de que no es ni mucho menos el país más corrupto de América Latina –República Dominicana es el 103º; Ecuador, 110º; Honduras, 112º; Guatemala, 124º; Nicaragua, 133º; Paraguay, 134º o Venezuela, 160º-, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, cree que es “indispensable” que el sistema ayude a las empresas que “son extorsionadas cotidianamente por el crimen organizado y funcionarios deshonestos”. En entrevista con DW, Bohórquez aseguró que el SNA “es una reacción a una exigencia social ante los hábitos y conductas de la clase política y el empresariado”. El director de la filial mexicana de Transparencia Internacional reconoció que el SNA es el fruto de “un intenso proceso legislativo con muchas resistencias y tensiones”.
Proyecto a largo plazo. Marco Fernández, investigador asociado del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, no cree que la aprobación del SNA sea una maniobra política del Gobierno. “Si lo creyera no habría participado ni habría hecho el esfuerzo de intentar cambiar las leyes para combatir la corrupción”.
A pesar de que el plan ha sido aprobado a nivel federal, ahora tendrá que implementarse en cada uno de los 32 estados del país. Según Fernández, a partir de este momento “el desafío es, por un lado, que los Estados adapten sus marcos jurídicos a los sistemas estatales para combatir eficazmente la corrupción y, por otro, que las leyes aprobadas sean letra viva y no se queden en diseños jurídicos sin resultados reales”.
Algo que, a ojos de los expertos, podría llevar más de diez años. Las leyes “van a costar dinero, sí, pero va a costar más dinero la corrupción”, dijo Margarita Zavala, ex primera dama de México durante la presidencia de Felipe Calderón y aspirante a la candidatura del PAN en 2018.
