Aunque el Gobierno no ha adelantado sus planes concretos, analistas creen que este sería el beneficio económico más inmediato que le otorgará el nuevo cuerpo de 545 asambleístas a la administración socialista de Maduro.
La asamblea constituyente de Venezuela, elegida este domingo para reescribir la carta magna, podrá levantar la barrera que le impide al Gobierno de Nicolás Maduro emitir deuda o refinanciar pesados compromisos internacionales sin el aval del Parlamento opositor.
Aunque el Gobierno no ha adelantado sus planes concretos, analistas creen que este sería el beneficio económico más inmediato que le otorgará el nuevo cuerpo de 545 asambleístas a la administración socialista de Maduro.
Sin embargo, el éxito de esa estrategia dependería de la legitimidad que otorguen bancos, tenedores y gobiernos aliados a la polémica asamblea, elegida entre violentas protestas.
Tras recibir el respaldo de los simpatizantes del presidente en una votación donde no participó la oposición, la asamblea constituyente asumirá en los próximos días poderes para dictar o cambiar leyes sin supervisión del resto de las instituciones públicas.
Además, al tener potestad para transformar el Estado, muchos opinan que la constituyente dejará en suspenso las reglas de juego de la economía local, mientras redacta unas nuevas.
"Es explícita la intención de asumir prerrogativas del Parlamento", afirmó el economista y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, Omar Zambrano. "Pero la efectividad de la asamblea nacional constituyente está en entredicho por la fuerte reacción en su contra".
El equipo de Maduro gestiona desde hace meses vías para aumentar sus ahorros en divisas de apenas 10.000 millones de dólares, insuficientes para próximos pagos de deuda externa.
Con dos polémicas sentencias del máximo tribunal del país, que provocaron la ola de violentas protestas que aún persiste, el Gobierno buscó firmar acuerdos financieros a futuro sin el aval del Congreso. Pero tras las críticas, los jueces revirtieron parcialmente las decisiones.
Los adversarios de Maduro lo responsabilizan por la peor crisis económica de la era moderna en la nación petrolera. Pero el mandatario convocó la asamblea constituyente para acabar, entre otras cosas, con un boicot que dice aplican legisladores en círculos financieros como Wall Street.
"Necesitamos un poder que esté por encima de las dificultades, de los obstáculos y de los poderes que sabotean el desarrollo del país", dijo Maduro días atrás.
Riesgos. La jugada política de Maduro recibió la condena mundial.
Estados Unidos amenazó con sancionar al gobierno de Maduro si avanzaba en la instalación de la constituyente, ignorando el pedido de 7,5 millones de venezolanos en un plebiscito no oficial para que abortara la votación.
"Bajo una constituyente el país no va a ser diferente", opinó Asdrúbal Oliveros de la firma local Ecoanalítica, convencido de que el Gobierno mantendrá controles de cambio y precios bajo el que operan las empresas desde hace más de una década. "Pero si al país le aplican sanciones, colapsa".
En días recientes, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones a más funcionarios venezolanos como un gesto para mostrar que su amenaza era real. La lista incluyó a Simón Zerpa, jefe de finanzas de la estatal petrolera PDVSA.
El castigo se produce justo cuando PDVSA busca negociar con tenedores de bonos un acuerdo para posponer pagos por casi 3.000 millones de dólares a fines de año, que según dos fuentes cercanas a la estatal se retomarían tras la elección.
En julio la estatal pospuso una llamada con inversores.
"Pero los fondos en Estados Unidos ya no podrían estar en alguna de estas llamadas por temor a que participe el funcionario de PDVSA sancionado", comentó otra fuente que asesora fondos de inversión en Nueva York.
Sin fecha límite de funcionamiento, la asamblea constituyente traería nuevos riesgos para los negocios, pues algunos de sus miembros han prometido dictar normas para ampliar controles y el poder del Estado en el sector petrolero.
"Si hay algo que hace mucho daño al ambiente económico es la inestabilidad de las normas", dijo el economista Richard Obuchi de la firma privada de análisis de riesgo ODH Consultores.
