Faezeh Hashemi, hija de un ex presidente, tampoco podrá dar entrevistas o tener actividad en internet por cinco años. Autoridades de Teherán temen llamado a boicot para elecciones de marzo.

En lo que parece ser una fuerte señal hacia la oposición reformista en vistas a las próximas elecciones de marzo, Faezeh Hashemi, ex miembro del parlamento iraní, fue condenada a seis meses de prisión.

No se trata de una más de varias condenas a activistas opositores por “distribuir propaganda” o “sedición”. Hashemi es hija del ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani. El castigo se torna más significativo ya que ocurre a una semana de que el gobierno bloqueara el sitio oficial de su padre, el ex líder, de quien es extraordinariamente difícil decir que sea un político antisistema: en su juventud fue uno de los hombres más cercanos del Ayatollah Khomeini, el impulsor de la revolución islámica en el país.

Una señal ominosa más ocurrió en la noche de Año Nuevo, cuando la residencia de otro político muy significativo fue atacada por desconocidos. Se trata del hogar de Abulhassan Banisadr, el primer presidente post revolucionario, que hoy se encuentra exiliado en Francia.

Por si fuera poco, cabe recordar que los líderes de la oposición, Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, se encuentran bajo arresto domiciliario desde febrero pasado.

La condena a la ex diputada Hashemi no sólo la obligará a pasar medio año en la cárcel, si su apelación no es exitosa, sino que contiene un elemento claramente autoritario: se le prohíbe relacionarse con cualquier partido político, dar declaraciones a medio de comunicación y participar en actividades en internet por cinco años.

La activista es miembro del Movimiento Verde, el cual conmovió las bases del sistema político, en 2009, al denunciar fraude en los comicios de ese año y llevar a cabo manifestaciones masivas. Al parecer, la condena se basa en declaraciones críticas al gobierno que realizó a un medio online.

Las elecciones parlamentarias de marzo son duramente cuestionadas por los opositores. Sucede que los 5.000 candidatos deben ser aprobados por un Consejo de Guardianes y, luego de lo ocurrido en 2009, los posibles candidatos reformistas se niegan a entrar en las listas, porque el Consejo simplemente los vetará. Debido a ello, algunos grupos han llamado a la abstención y el gobierno ha dicho que cualquier intento de organizarla por internet será considerado un crimen.