Las protestas de los suboficiales y sargentos empezaron el 3 de abril, luego de que ellos publicaron un anteproyecto de ley modificatorio a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), en el que sugieren erradicar la discriminación en la institución.
Tres semanas de conflicto a causa del pedido de militares de bajo rango de descolonización de las Fuerzas Armadas alejaron aún más a este grupo de los oficiales, según fuentes castrenses. No obstante, jefes militares lo niegan y aseguran que el trabajo es normal en las unidades.
Las protestas de los suboficiales y sargentos empezaron el 3 de abril, luego de que ellos publicaron un anteproyecto de ley modificatorio a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), en el que sugieren erradicar la discriminación en la institución. Al no ser escuchados, éstos realizaron protestas sin precedentes, como marchas en calles de La Paz.
Por estas medidas de presión las FFAA sancionaron con el retiro obligatorio a 715 uniformados movilizados, lo que ahondó el problema, aunque la medida fue retirada para 630, hasta la pasada semana.
Efecto. Un uniformado que pidió guardar en reserva su identidad indicó que las protestas de militares produjeron un efecto colateral en al menos tres aspectos. El primero, un nivel de desconfianza porque ahora los efectivos de bajo rango ya no están a cargo del cuidado de armamento en las grandes y pequeñas unidades, pues el trabajo ahora lo hacen los oficiales, entre subtenientes y tenientes.
Antes de la protesta los sargentos y suboficiales controlaban y cuidaban el armamento de los regimientos.
El segundo, los cursos diarios de doctrina militar a efectivos de bajo rango, con el objetivo de recordarles la disciplina, jerarquía y subordinación. Estas clases las pasan todos los efectivos, se hayan movilizado o no. Según la fuente entrevistada, “justos pagan por pecadores”. El tercer aspecto es que están “al hielo”, o sea que ya no hay la relación cercana.
Este diario no fue el único en obtener las quejas. “Hemos recibido muchísimas denuncias, mensajes, cartas, llamadas de celular de diferentes lugares del país, con el manto de temor de perder una fuente laboral y cambios de destino. Estamos en contra de todas las represalias que se dan”, informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera.
Entre las denuncias están los cambios de destino, procesos sumarios y aprehensiones, además de amedrentamiento e intimidación. Según Herrera, esta situación genera un alto nivel de sufrimiento no solamente en la gente que se movilizó, sino en sus familiares. Una de las fuerzas en la que más represalias habría es en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), esto por las denuncias recibidas. “Estamos evidenciando, a través de las notas que nos enviaron, que existen acciones de intolerancia”, afirmó Herrera.
Un oficial, que pidió mantener en reserva su identidad, corroboró las denuncias recibidas por este diario. Contó que después de las protestas de suboficiales y sargentos, la relación con este grupo no volvió a ser la misma, principalmente en cuanto a confianza. Reclamó también que con las acciones realizadas “mellaron la dignidad de la institución castrense”.
Ante las denuncias, el director de Comunicación Social de la FAB, coronel Julio Rojas, rechazó las acusaciones y remarcó que dentro de esta fuerza el personal de suboficiales y sargentos trabaja con normalidad.
“No hay represalias ni miramientos, más bien vi que los sargentos y suboficiales trabajan normal, inclusive creo que algunos de ellos están solicitando vacaciones”, declaró Rojas.
La titular de la APDH también denunció que, al parecer, dentro de las FF.AA. existe una ruptura de mando, ya que el ministerio de Defensa y el Comando en Jefe instruyeron no aplicar sanciones a los militares que se movilizaron, pero igual lo hacen.
Al respecto, el director de Comunicación del Comando en Jefe, capitán Hernán Crespo, dijo que no existe ruptura de mando ni desobediencia, ya que las tres fuerzas (Ejército, Armada y FAB) tienen autonomía en su funcionamiento.
La pasada semana, el Tribunal de Personal del Ejército ordenó la aprehensión del expresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss), Johnny Gil, acusado de sedición y rebelión. El miércoles 20, Personal de la Armada ratificó el retiro obligatorio del suboficial Lorgio Cartagena.
Cuatro militares temen por su vida. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, informó que entre las varias denuncias que recibió de militares de baja graduación, cuatro son las que llamaron más la atención, ya que los efectivos aseguran que temen por sus vidas.
“Hay cuatro denuncias escritas graves (de suboficiales y sargentos, que pidieron no difundir su identidad) y éstas tienen el tenor, a tal punto, que dicen que corren riesgo su vida y la de sus familiares. Ahora, de continuar con esta situación, vamos a tener que solicitar medidas cautelares para los uniformados”, adelantó Herrera.
Explicó que esta medida jurídica podrá dar un marco de protección a los cuatro denunciantes porque, al parecer, los mandos medios que están en las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen un poder que está sobre los derechos humanos, por lo que existe el riesgo de que quede en la impunidad.“Exhortamos a las autoridades militares a deponer este tipo de acciones que profundizan el malestar en las Fuerzas Armadas (FF.AA.)”, recomendó.
Herrera indicó que a raíz de las constantes denuncias de los uniformados que se movilizaron y la continuidad de represalias de las autoridades militares, esta instancia vio por conveniente el acogerse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene el objetivo de pedir al Estado boliviano la protección de las personas denunciantes.
Agregó que se presentará la demanda internacional en los próximos días, de acuerdo con la situación de gravedad que exista con los uniformados.
