El Senado aprobó las últimas modificaciones presentadas por una comisión mixta y el proyecto de ley quedó listo para que sea promulgado por el presidente y entre en funcionamiento a partir de 2013.
Santiago de Chile. El Congreso chileno aprobó este miércoles el último trámite de la nueva Ley de Pesca, una iniciativa que contó con la oposición de los pescadores artesanales y cuya discusión parlamentaria se prolongó por casi un año.
El Senado aprobó las últimas modificaciones presentadas por una comisión mixta y el proyecto de ley quedó listo para que sea promulgado por el presidente y entre en funcionamiento a partir de 2013.
"Es una ley que da estabilidad en Chile a un sector que necesitaba profundos cambios para asegurar la fuente de trabajo de más de 120.000 familias", dijo el ministro de Economía, Pablo Longueira, que apadrinó la elaboración de la nueva legislación.
Según señaló el gobierno en un comunicado, la nueva ley tiene como objetivo principal la sustentabilidad del sector e incorpora el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible, que es el estándar internacional que debe regir las pesquerías.
Una de las principales novedades de la normativa es la prevalencia de criterios científicos en la toma de decisiones en detrimento de los criterios políticos.
De este modo, se crearán once comités científicos y técnicos -ocho de pesca y tres de acuicultura- que serán los encargados de establecer las cuotas de captura.
Hasta ahora era el Consejo Nacional de Pesca el que fijaba las cuotas de captura de un sector amenazado por la sobreexplotación.
Los temas relacionados con el manejo pesquero se discutirán con la participación del Consejo Nacional de Pesca y por los Consejos Zonales del gremio pesquero.
Los pescadores artesanales, que son mayoría en el sector, rechazaban la creación de los comités científicos y pedían que el Consejo Nacional fuera el organismo que siguiera fijando las cuotas de captura.
Los pescadores responsabilizan del colapso a las empresas y temen que los cambios en la ley consoliden la "privatización" del mar.
La nueva ley establece una repartición de captura por un periodo de 20 años para doce pesquerías, entre las que se incluye la sardina, el jurel y la merluza.
Así, el sector artesanal tendrá una cuota de captura del 55% y el industrial del 45%.
Además, se establece la creación de licencias de pesca temporales por 20 años para las industriales, que serán renovables si la compañía cumple con una serie de exigencias ambientales, pesqueras y laborales.
Para la pesca artesanal, los permisos seguirán siendo indefinidos.
También se fijan las cinco primeras millas de mar para la pesca artesanal. La primera milla será de uso exclusivo para las embarcaciones artesanales de menor tamaño -menos de doce metros de eslora-, lo que beneficiará al 90% de los pescadores.
La nueva normativa reemplazará a la llamada Ley Corta de Pesca, aprobada en 2002 durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos y que buscaba dar seguridad jurídica a las inversiones de la industria y adoptar el sistema internacional de cuotas individuales y, para ello, analizó el registro de capturas de los cinco años anteriores.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, consideró que con esta ley "ganan los pescadores, gana el medio ambiente, gana el emprendimiento y la protección de los recursos".
