La propuesta coincide con el ánimo de evaluar la despenalización del consumo de drogas en la próxima Cumbre de las Américas.

Bogotá. El Congreso de Colombia comenzará a discutir en abril un proyecto de ley para despenalizar la siembra de cultivos ilícitos, dentro de los intentos por tumbar el mercado de la hoja de coca que se procesa en cocaína y cuyo comercio sustenta a los grupos armados ilegales, dijo un legislador.

La propuesta coincide con el ánimo de evaluar la despenalización del consumo de drogas en la próxima Cumbre de las Américas, luego de que países del hemisferio propusieron el tratamiento del tema y que Estados Unidos -principal consumidor mundial de cocaína- aceptó discutir alternativas para enfrentar el narcotráfico.

"Cambiar de estrategia, el país tiene que decirle a Estados Unidos y a los consumidores: Colombia ya puso demasiada cuota, sobre todo en sangre y esto no se acabó, hay que cambiar de estrategia", dijo en una entrevista con Reuters el representante a la Cámara del Partido Liberal Hugo Orlando Velásquez.

"Vamos a ver hasta qué punto funcionan las leyes del mercado. Si aquí se llegara a presentar una situación de exceso de producción en vista de que no está penalizado, entonces seguramente que por efectos de las leyes del mercado se irían a deprimir los precios", explicó el autor del proyecto.

El presidente Juan Manuel Santos propuso replantear el enfoque global contra las drogas y una discusión en la cumbre presidencial que se celebrará en Cartagena, el 14 y 15 de abril.

Países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá preparan una iniciativa con estrategias alternativas para hacer frente al narcotráfico.

El proyecto será debatido inicialmente en la Comisión primera de la Cámara de Representantes dentro de unas dos semanas y, si es aprobado, será considerado en la plenaria donde también deberá ser avalado antes de ser sometido a dos debates y aprobaciones en el Senado para que se convierta en ley.

La iniciativa, pese a haber sido propuesta por un miembro de la amplia y sólida coalición que apoya a Santos en el Congreso, podría ser negada y archivada en cualquiera de los cuatro trámites legislativos.

Su eventual aprobación podría provocar dificultades de Colombia -mayor productor mundial de cocaína- con Estados Unidos, su principal aliado en la lucha antidrogas y los grupos armados ilegales.

Cautela del gobierno. Pese a ser partidario de abrir una discusión para debatir alternativas para enfrentar el narcotráfico, el gobierno de Colombia se declaró cauteloso con la iniciativa y admitió que en el panorama mundial actual es difícil que se apruebe.

"Hay una serie de convenios y de convenciones internacionales de las que es parte Colombia, que han sido ratificadas por leyes colombianas que están vigentes. Tenemos que ser particularmente prudentes y particularmente cuidadosos", dijo a Reuters el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

El ex presidente colombiano César Gaviria declaró que no está de acuerdo con considerar a los campesinos que cultivan la hoja de coca como criminales y destacó que Estados Unidos este dispuesto a debatir el tema aunque mantenga la idea de que no hay alternativas diferentes al prohibicionismo.

"Las actividades de los cultivadores hay que tratarlas como las actividades de los consumidores, volver criminales a los campesinos yo creo que constituye una política equivocada", afirmó a Reuters Gaviria, quien también fue secretario general de la Organización de Estados Americanos y en cuyo gobierno fue muerto el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

Asa Hutchinson, quien fue director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos entre el 2001 y el 2003, dijo que no sería adecuado despenalizar los cultivos ilegales en Colombia.

"Esto va en contra de los enormes progresos que el gobierno de Colombia ha hecho en reducir la violencia y aumentar el estado de derecho. Sería un paso contraproductivo y debilitaría el progreso", opinó.

Siembra no se acaba. Una ofensiva respaldada por Washington contra el narcotráfico y los irregulares que obtienen millonarios recursos de esa actividad permitió reducir la violencia y la producción de cocaína a 350 toneladas métricas anuales en el 2010, desde más de 500 toneladas hace una década.

Colombia también redujo su área cultivada con hoja de coca desde 163.289 hectáreas en el 2000, cuando se inició la ofensiva enfocada en la erradicación de los cultivos ilegales, a unas 60.000 hectáreas en la actualidad.

En la última década se destruyeron más de 1,3 millones de hectáreas en apartadas zonas selváticas, pero el fenómeno de la siembra está lejos de desaparecer pese a la millonaria inversión de Estados Unidos, que ha dado a Colombia más de US$6.000 millones en los últimos 12 años para combatir el narcotráfico, incluyendo los planes de erradicación.

La cifra no incluye la inversión que ha hecho el gobierno colombiano en la guerra contra los cultivos ilegales y las otras etapas del narcotráfico, ni los cientos de vidas de efectivos de las Fuerzas Armadas muertos enfrentando esa actividad criminal.

El precio de la cocaína en las calles de Europa y Estados Unidos sigue siendo lo suficientemente alto para mantener el negocio en auge.

Mientras un kilo de cocaína costaba unos 2.500 dólares a la salida de un laboratorio en las selvas de Colombia en el 2010, en el mercado mayorista de Estados Unidos su precio era de US$26.000 y en el de Europa de US$54.000, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés).

Mayor oferta, menor precio. Al eliminar las sanciones penales para la siembra de la coca, la materia prima de la cocaína, Velásquez espera que más agricultores se lancen a cultivarla para inundar el mercado y reducir los precios.

Esa situación haría el cultivo de coca menos atractivo para los agricultores y dejaría sin suministros de materia prima a los cárteles de la cocaína y a los grupos rebeldes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El legislador de 65 años, quien representa el departamento del Meta, una de las zonas más afectadas por las siembras ilícitas, dijo que los cultivadores son campesinos pobres que no se enriquecen con la hoja de coca y que lo hacen porque ganan más que con productos tradicionales que no pueden sacar a los mercados por falta de carreteras.

De acuerdo con la UNODC, en el 2010 el precio promedio de la hoja de coca fue de 2.465 pesos por kilo (US$1,39 actuales), valor que en promedio se mantiene.

Es decir, un campesino con una hectárea en la que produce unos 958 kilos de hoja por cosecha podría recibir 2,36 millones de pesos, el equivalente a US$1.339 actuales.

En algunas regiones cocaleras los campesinos recolectan al menos dos cosechas anuales, lo que elevaría el ingreso a unos US$2.670 por año.

El congresista sostuvo que cuando se producen operaciones antidrogas, en ocasiones todos los integrantes del núcleo familiar que sobreviven con los cultivos ilegales son capturados y encarcelados, lo que provoca una desintegración.

Las leyes colombianas contemplan penas de entre 4 y 12 años de cárcel por la siembra de cultivos ilegales.

Velásquez aseguró que las miles de personas capturadas por siembras de cultivos ilícitos provocan hacinamiento carcelario y congestión en el caótico sistema judicial colombiano.

De acuerdo con el gobierno, más de una quinta parte del total de la población carcelaria de 105.000 reclusos, es decir 22.700 personas están en las prisiones colombianas por narcotráfico, incluyendo centenares por siembra de hoja de coca.

"El problema del narcocultivo, de los cultivos ilícitos, es ante todo un problema social", sostuvo Velásquez en su oficina en el Congreso, en el centro histórico de Bogotá.

"Las personas que se han dedicado a los cultivos ilícitos son campesinos absolutamente abandonados por el Estado, no han tenido apoyo crediticio ni asistencia técnica para dedicarse a cultivos lícitos, viven en zonas aisladas donde no hay vías de comunicación para sacar sus productos", explicó.

Para el 2010, la UNODC estimó que 63.660 familias estaban involucradas en la siembra de hoja de coca en Colombia.