Estudio de Congreso estadounidense recomienda presionar para el aumento de estos procesos ante la inseguridad en penales mexicanos.
El gobierno de Estados Unidos considera que, desde 1980, México y esta nación se mantienen como fuertes socios en materia de extradición, de acuerdo con el reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2016 del Departamento de Estado estadounidense.
En paralelo, el Servicio de Investigaciones del Congreso recomienda ejercer más presión para aumentar el número de estos procesos ante la inseguridad y corrupción que se vive en penales mexicanos.
En el apartado sobre México del documento preparado por el Departamento de Estado para el Congreso de EE.UU., se expone que el tratado de extradición entre ambos países ha estado en vigor desde 1980 y afirma que “México sigue siendo un fuerte socio de extradición”.
Asimismo, indica que un tratado bilateral de asistencia judicial recíproca vigente desde 1991 promueve una amplia gama de cooperación en materia penal.
Por su parte, Clare Ribando Seelke y Kristin Finklea, especialistas del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, refieren que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el número de extradiciones fue un indicador que el Departamento de Estado empleó como ejemplo para referirse al éxito de la Iniciativa Mérida.
En el reporte “Cooperación México. EE.UU.: La Iniciativa Mérida”, los especialistas en asuntos latinoamericanos y de seguridad interna de esta agencia legislativa pormenorizan que durante el sexenio pasado más de 100 individuos en promedio fueron extraditados desde México a Estados Unidos por año, un incremento muy grande en relación con la administración del mandatario Vicente Fox Quesada.
A través del documento publicado en enero del año en curso, los autores exhiben que cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia, el número de extradiciones cayó a 54 en el año 2013, pero han aumentado desde entonces y alcanzaron un número de 69 en el 2015.
Seelke y Finklea exponen la posibilidad de que la fuga de Joaquín Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa, del penal de alta seguridad, El Altiplano, cambió la postura de la administración de Peña Nieto sobre las extradiciones.
Aunque México se resistió a la extradición del Chapo, proceso que ocurrió en enero del 2017, desde la primer captura del barón de las drogas ocurrida en el 2014, el gobierno mexicano mostró más voluntad para aprobar solicitudes de extradición al país vecino del norte durante el último año.
Los investigadores destacan el caso de 13 líderes del narco enviados a Estados Unidos. La operación incluyó a Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, exoperador del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, líder del cártel del Golfo.
En ese momento, la entonces Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch declaró: “Las extradiciones de hoy no habrían sido posibles sin la estrecha colaboración y la relación productiva que el Departamento de Justicia tiene con funcionarios de los más altos niveles de aplicación de la ley en México”.
Los especialistas Seelke y Finklea recomendaron al Congreso de Estados Unidos “aumentar la presión sobre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para que impulsen más las extradiciones en el futuro, debido a las preocupaciones sobre la seguridad de las cárceles de México y la corrupción general en su sistema de justicia penal”.
Por su parte, el gobierno de México reportó que del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2016, México entregó a 259 personas en extradición: 251 fueron extraditadas a EU y a los siguientes países una: Gran Bretaña, Panamá, España, Holanda, Eslovaquia, Alemania, Argentina y Perú. Del total, 11 son mujeres y 248 son hombres.
Con base en estadísticas presentadas por la Procuraduría General de la República para el IV Informe de Gobierno de Enrique Peña, en ese mismo periodo México recibió a 62 personas en extradición: 42 fueron extraditadas por EU; seis por Guatemala; tres por España; tres por Argentina; tres por Colombia y una por cada uno de los siguientes países: Canadá, Croacia, Italia, Nicaragua y Uruguay. Del total, tres son mujeres y 59 son hombres.
En el apartado “1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva”, las autoridades federales mexicanas puntualizan que del 1 de septiembre del 2015 al 31 de julio del 2016 se presentaron 21 peticiones formales de extradición ante la Cancillería para la atención de gobiernos extranjeros: 12 fueron presentadas a EE.UU., dos a Guatemala, dos a España y una por cada uno de los siguientes países: Argentina, Finlandia, Gran Bretaña, Nicaragua y Venezuela.
En ese mismo lapso fueron solicitadas 86 peticiones formales de extradición presentadas a Juzgados Federales de México a solicitud de gobiernos extranjeros, de las cuales 79 fueron formuladas por EU, tres por España, dos por Argentina, una por Alemania y otra por República Checa.
Analista de fundación insight crime. La condena a cadena perpetua de Alfredo Beltrán Leyva, exdirigente del grupo mexicano Organización Beltrán Leyva (OBL), fue una victoria diplomática eclipsada por las acusaciones hacia un comandante de la policía de México quien habría buscado entorpecer las investigaciones de Estados Unidos en torno a los líderes del cártel, concluye David Gagne, colaborador de la Fundación Insight Crime.
A través de un análisis, Gagne recuerda que Beltrán Leyva fue extraditado a Estados Unidos en noviembre del 2014, después de una larga batalla legal que lidiaron sus abogados para que permaneciera en México.
Beltrán Leyva se declaró culpable en febrero del 2016, sin haber llegado a ningún acuerdo para reducir su condena a cambio de información sobre otros narcotraficantes, según reportes del Washington Post.
Asimismo, refiere que las autoridades de Chicago abrieron una denuncia criminal contra el excomandante de la Policía Federal mexicana, Iván Reyes Arzate, por supuestamente filtrar información a los líderes del cártel que eran investigados por la DEA.
La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois cataloga a Reyes como “el principal punto de contacto de la información que compartían las autoridades estadounidenses y la Policía Federal de México”.
