Más de 50.000 personas han muerto desde que el presidente Felipe Calderón asumió en diciembre del 2006 y lanzó combates frontales con el Ejército contra los cárteles del narcotráfico, que también se dedican a secuestros, extorsiones y trata de personas.
MEXICO DF (Reuters) - El Congreso mexicano aprobó el lunes una ley para atender a las víctimas de la violencia del narcotráfico en México, lo que incluye la creación de un fondo y un registro nacional de personas que han muerto o desaparecido a manos de sicarios o de fuerzas del Estado actuando como cómplices.
La cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley, al que el Senado le dio el visto bueno la semana pasada, y que prevé que los familiares reciban hasta 950.000 pesos (unos US$73.000) por víctima por parte del llamado fondo de reparación del daño.
"Es una señal de esperanza (la ley) y genera sentimientos encontrados porque por una parte de no debería existir una ley, pero tenerla da mucha esperanza a las víctimas", dijo a Reuters Emilio Alvarez, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una organización impulsora de la ley.
Más de 50.000 personas han muerto desde que el presidente Felipe Calderón asumió en diciembre del 2006 y lanzó combates frontales con el Ejército contra los cárteles del narcotráfico, que también se dedican a secuestros, extorsiones y trata de personas.
Además, organizaciones civiles estiman que entre 5.000 y 10.000 personas han desaparecido durante la actual administración, que finaliza en siete meses, y cientos de miles han sido desplazados de sus hogares por las luchas de territorio entre bandas rivales.
La norma también prevé la creación de un registro nacional de víctimas y un registro forense para permitir establecer las circunstancias de la muerte o desaparición de una persona.
Cientos de personas han sido enterradas en fosas comunes, sobre todo cuando se trataba de sicarios cuyos familiares no los reclaman por temor al interrogatorio de las autoridades, y que muchas veces trabajan para el narco.
Por otro lado, familias pobres se enfrentan a verdaderos via crucis cuando deciden salir a buscar a sus parientes desaparecidos en estados diferentes a los de donde viven, y chocan contra la indiferencia o complicidad de las autoridades.
Familiares de muertos y desaparecidos presentes en el debate de los diputados rompieron a llorar al aprobarse la ley, en el último día de sesiones del actual Congreso, que se renovará por completo con las elecciones generales del 1 de julio.
