La norma, que fue aprobada por 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, señala que las empresas socias o que integren consorcios con firmas envueltas en casos corrupción, tendrán una "retención de utilidades mal habidas en contratos vigentes con el Estado".
El Congreso peruano aprobó este jueves una ley que impone restricciones financieras a los socios de empresas envueltas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht, una medida que podría golpear a la mayor constructora del país, Graña y Montero.
La norma, que fue aprobada por 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, señala que las empresas socias o que integren consorcios con firmas envueltas en casos corrupción, tendrán una "retención de utilidades mal habidas en contratos vigentes con el Estado".
La ley también suspende el derecho de esas firmas de transferir al exterior capitales y dividendos, para asegurar la reparación civil y los pagos a los trabajadores y contratistas, dijo la congresista Ursula Letona del partido fujimorista Fuerza Popular. La norma debe ser ratificada por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Graña y Montero era socia minoritaria de Odebrecht en varios proyectos, como el de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica, donde la brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo.
Odebrecht reconoció a fines del año pasado que pagó unos 29 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Graña y Montero, que ha visto una recuperación gradual de sus acciones luego de la fuerte caída que sufrieron por el escándalo de Odebrecht, ha afirmado que no existen evidencias de que directores o funcionarios de la firma hayan participado en actos de corrupción en proyectos de su antigua socia.
El exviceministro de Justicia Edgar Carpio dijo la semana pasada que probablemente el Gobierno rechazaría la ley, porque viola la presunción de inocencia. "No hay forma de hacerlo sin violar la Constitución", afirmó.
La norma también afecta a empresas locales como J.J.Camet Contratistas Generales así como a Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.
La brasileña ha ganado contratos por al menos 10.000 millones de dólares en Perú durante la última década. Odebrecht inició sus operaciones en Perú en 1979, lo que marcó su primera actuación a nivel internacional.
