El fiscal de la Nación, José Peláez, afirmó en un comunicado que legalmente no puede acusar penalmente a un alto funcionario sin que el Congreso lo haya despojado de su inmunidad parlamentaria y exista una investigación previa del legislativo.

Lima. El futuro político del cuestionado vicepresidente peruano Omar Chehade, acusado de tráfico de influencias, quedó en manos del Congreso luego de que la fiscalía se abstuvo de seguir investigándolo, en un caso que golpearía la imagen del presidente Ollanta Humala.

Chehade comenzó a ser investigado en octubre por la fiscalía y el Congreso, luego de revelaciones de que se reunió con tres generales para supuestamente pedir una intervención policial a favor de un grupo empresarial local que mantiene una disputa por el control de una firma azucarera.

Sin embargo, el fiscal de la Nación, José Peláez, afirmó en un comunicado que legalmente no puede acusar penalmente a un alto funcionario sin que el Congreso lo haya despojado de su inmunidad parlamentaria y exista una investigación previa del legislativo.

"Se dispuso derivar al Congreso de la República los actuados en la investigación preliminar seguida en relación a la presunta intervención del vicepresidente y congresista, Omar Chehade Moya, para orientar la actuación de algunos oficiales de la Policía en beneficio de particulares", agregó Peláez.

Chehade fue suspendido la semana pasada por 120 días de sus funciones legislativas, pero falta que el pleno del Congreso vote un informe que fue preparado y aprobado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitarlo de ejercer algún cargo público por cinco años.

Sin embargo, el tema no sería visto en la sesión ordinaria del Congreso que termina el jueves, por lo que sería retomado en marzo.

"Antes de que pase al pleno tiene que verlo la Comisión Permanente, una vez que lo apruebe la Permanente solamente podría verlo ya como última etapa el pleno y tiene que ser en pleno ordinario, lamentablemente tendría que pasar hasta el 1 de marzo", dijo a Reuters el congresista Wilson Urtecho.

"La Comisión Permanente se puede convocar en cualquier momento, pero no ha habido voluntad política (...) Este tema creo que el nacionalismo ha querido que se vea el próximo año, un poco para enfriar también el tema", agregó el legislador de oposición.

El informe fue aprobado en forma ajustada -siete votos a favor y cinco en contra- en la subcomisión de Denuncias Constitucionales, lo que augura una votación estrecha en el pleno donde el oficialismo tiene la primera minoría.

El ruido político por el caso Chehade ha restado popularidad a Humala, la cual bajó a un 56% desde un 62% en un mes porque las denuncias empañaron sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, según analistas.

El escándalo se produce en momentos en que Perú afronta protestas sociales contra el sector minero -vital para la economía- y cuyo manejo marcaría la pauta en la relación del presidente izquierdista Humala con el capital privado.

Estas derivaron en una amplia renovación del gabinete, anunciada el fin de semana, y en la que el presidente Humala cambió a 11 de sus 19 ministros.