Los crimes por los que se ejecutará la normativa son: narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

Tegucigalpa. El Congreso Nacional ratificó la noche de este miércoles, a puertas cerradas, la reforma constitucional que da luz verde a la extradición de hondureños vinculados con el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

De esta manera, Honduras queda en libertad de suscribir tratados con países que requieran ciudadanos hondureños para responder, en esas naciones, por los delitos antes mencionados.

Según fuentes del Legislativo, durante la sesión (la primera de la tercera legislatura) no hubo participaciones y únicamente se procedió a la votación.

Los diputados fueron convocados para las seis de la tarde, luego que fuera instalada la tercera legislatura en una ceremonia a la que acudieron a rendir su informe los presidentes de los poderes del Estado.

En la sesión de trabajo también serían ratificadas las reformas constitucionales que fueron aprobadas en la legislatura anterior referente a que el agua es un derecho humano, otra que se relaciona al derecho de la educación y que los niños reciban los 200 días de clases.

El Congreso Nacional procedió a ratificar la extradición, una vez recibida una opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual no es vinculante.

La opinión incluía las reformas al Código Penal que fueron aprobadas en 2011.

Se trata de la reforma constitucional que amplía de 24 a 48 horas la detención para la investigación de crímenes.

Además, la reforma que eleva de 15 a 20 años la pena por el delito de extorsión y de 10 a 15 años el delito de chantaje.

Por otra parte, el 23 de agosto del año pasado, el diputado José Tomás Zambrano introdujo en la cámara legislativa la propuesta de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

Sin embargo, las organizaciones feministas creen que esta no es la solución y han pedido que sea modificada.

El miércoles por la noche, en un comunicado oficial del Congreso Nacional, se informó que se introdujeron dos proyectos.

Uno contempla una reforma para que el femicidio sea tipificado como delito, introducido por el ex ministro de Seguridad, Óscar Álvarez,  y otro proyecto para reformar la ley orgánica de la Policía.