Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional incluye un procedimiento con varios requisitos que deberá seguir el presidente para desplegar efectivos militares.

México DF. El Congreso mexicano discute una reforma que podría limitar la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, luego de una sucesión de muertes de inocentes por la ola de violencia y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de militares.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que se discute en comisiones del Senado, incluye un procedimiento con varios requisitos que deberá seguir el presidente de la República para desplegar efectivos del Ejército y la Marina.

El proyecto, que legisladores han prometido aprobar este mes, comenzará a ser tratado formalmente el lunes en la noche durante un encuentro entre el gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón y líderes de las bancadas en el Senado, dijo una fuente legislativa.

El encuentro ocurre en momentos en que los enfrentamientos entre cárteles de la droga con fuerzas de seguridad han cobrado la vida de inocentes, entre ellos niños y jóvenes.

Casi 20,000 personas han muerto desde diciembre del 2006 cuando asumió Calderón y lanzó operativos con decenas de miles de militares contra los narcotraficantes.

El proyecto establece que, para que el gobierno despliegue a las fuerzas armadas en una situación de "afectación de la seguridad nacional", debe tener el visto bueno del Senado y recibir una petición de autoridades estatales, de acuerdo con un borrador de la reforma que obtuvo Reuters.

Las fuerzas armadas serían "auxiliares" de los mandos civiles, agrega el texto del borrador de la reforma, que inicialmente fue propuesta por Calderón hace un año pero que está siendo modificada por los senadores.

Los operativos con militares fueron bien vistos al comienzo entre mexicanos que reclamaban poner freno a los cárteles, pero con el paso del tiempo han sido cuestionados por constantes denuncias de abusos.

Según organismos nacionales e internacionales, soldados han cometido violaciones a los derechos humanos en la lucha antidrogas en México. El caso más reciente fue una denuncia de que militares asesinaron a dos niños en un retén militar en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.