México es considerado uno de los países más corruptos del mundo y combatir estas prácticas fue una de las principales promesas del presidente Enrique Peña Nieto al iniciar su Gobierno en 2012.
Ciudad de México. El Congreso mexicano terminó de aprobar el viernes un paquete de leyes que conforman el llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en medio de agrias críticas a los legisladores por dejar fuera el control del patrimonio de los funcionarios públicos, lo que permitiría fiscalizar un probable enriquecimiento ilícito.
México es considerado uno de los países más corruptos del mundo y combatir estas prácticas fue una de las principales promesas del presidente Enrique Peña Nieto al iniciar su Gobierno en 2012.
El Sistema reformó el Código Penal Federal para aumentar las penas a los funcionarios públicos que cometan cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y creó una fiscalía anticorrupción autónoma.
Actualmente, las fiscalías dependen del gobierno federal o de los gobernadores en el caso de los estados, lo cual les quita independencia y hace que muchas veces sean utilizadas con fines políticos.
Pero tanto el Senado como la Cámara de Diputados fueron objeto de críticas por parte de organizaciones civiles de rendición de cuentas que proponían un proyecto que llamaron #3de3 para que las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios fueran públicas.
Las cámaras no incluyeron la iniciativa y en cambio aprobaron que los privados que tengan negocios con entidades del Estado deben hacer público su patrimonio.
"Esta es una semana en la que los mexicanos deberíamos estar muy orgullosos, se avanzó en un sistema anticorrupción sólido", dijo Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pero la publicación de declaraciones de los privados "es una barrabasada", dijo, y pidió que Peña ejerza el veto sobre esta parte del SNA.
Con el sistema aprobado, las leyes por primera vez castigarán la práctica de "el moche", como se denomina a los sobornos en el otorgamiento de obras públicas por parte de gobernantes o de legisladores que cobran para asignar recursos en el presupuesto.
