Edgar Alarcón había denunciado recientemente presiones del Gobierno para aprobar un polémico contrato aeroportuario, tras la difusión de audios en la prensa local, evento que terminó con la renuncia del ministro de Economía.
El Congreso peruano destituyó este lunes al contralor tras acusaciones de mala conducta en su gestión, en momentos en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski parece buscar una tregua con la oposición que domina el legislativo.
Edgar Alarcón había denunciado recientemente presiones del Gobierno para aprobar un polémico contrato aeroportuario, tras la difusión de audios en la prensa local, evento que terminó con la renuncia del ministro de Economía forzada por el Congreso controlado por el partido opositor Fuerza Popular del expresidente Alberto Fujimori.
El funcionario estaba siendo investigado por el Congreso por presuntamente hacer negocios prohibidos desde su cargo, por desviar irregularmente fondos para una extrabajadora de su institución y madre de sus hijos, por no declarar sus rentas a tiempo y por tratar de coaccionar a un fiscalizador.
"Soy blanco de ataques masivos de medios de comunicación", dijo Alarcón -que asumió el cargo en junio del 2016 para un periodo de siete años- en su defensa el lunes en el Congreso.
La comisión permanente del Congreso, que integran legisladores de varios partidos, aprobó por unanimidad un informe que avaló las acusaciones y acordó remover a Alarcón acusado de "falta de solvencia e idoneidad moral".
El Gobierno deberá ahora proponer a un nuevo contralor y el Congreso unicameral tendrá que votar para ratificar la oferta.
La salida de Alarcón podría aliviar al Gobierno, pero la contraloría está revisando otros proyectos públicos como el plan de expansión de la petrolera estatal Petroperú y una reciente emisión de bonos por US$2.000 millones.
Hace casi dos semanas el presidente Kuczynski pareció enviar una rama de olivo al partido que domina el Congreso, al anunciar que era el momento de evaluar un indulto para el exmandatario Fujimori, condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en dos matanzas durante una guerra sucia entre militares y guerrilleros izquierdistas en la década de 1990.
