En medio de una caótica sesión, el pleno del Congreso logró aprobar la designación de uno de los seis magistrados previstos para el máximo tribunal, desestimando la advertencia del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Parlamento si se hacía la selección.

Lima. El Congreso peruano eligió este lunes a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, desoyendo las advertencias del presidente Martín Vizcarra de cerrar el parlamento si procedían a designar a los miembros de la máxima corte.

Con 88 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el Congreso de mayoría opositora eligió al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, el primero de los candidatos al tribunal, según fuentes del parlamento.

La elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos se produjo en medio de la protesta de las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio, que portaban una bandera peruana y se ubicaron en medio del Hemiciclo.

Gonzalo Ortiz de Zevallos es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien aseguró que se abstuvo de emitir su voto para la elección de su pariente.

En otra votación, el candidato Manuel Sánchez Palacios no alcanzó el mínimo de 87 votos para ser designado.

El jefe del Congreso suspendió luego el proceso de votación. Todavía restan votar a otros siete postulantes. 

El Gobierno de Perú presentó este lunes al Congreso una "cuestión de confianza" para frenar la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional que, si es rechazada, permitiría al presidente Martín Vizcarra disolver el Parlamento y llamar a elecciones legislativas.

Según una publicación del diario local El Comercio, basado en reportes fiscales, seis de los 10 postulantes al Tribunal Constitucional registran en 30 denuncias civiles y penales por presuntos delitos que van desde la violación sexual hasta el secuestro, robo, extorsión, lavado de activos y corrupción. Dieciséis de estas denuncias siguen abiertas.

El Tribunal Constitucional está evaluando actualmente un recurso legal de Keiko Fujimori, excedida presidencial ahora en prisión preventiva por sospechas de lavado de dinero, para que pueda seguir los procedimientos judiciales en libertad.

*Con información de Reuters y El Comercio.