Sumados a los casos de Brasil, Venezuela y Argentina, se añade el de Honduras donde la embajada dice que “no hay duda que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional del país conspiraron en contra el poder ejecutivo” en junio de 2009.

Son alrededor de 250.000 mensajes secretos que enviaron las embajadas de Estados Unidos a las distintas capitales del mundo. 250.000 mensajes que, cómo algunos han dicho, podrían poner en jaque la diplomacia del gigante americano.

Y la postura de la Casa Blanca es clara. Critica enérgicamente las filtraciones porque pone en riesgo desde sus diplomáticos, profesionales de inteligencia, entre otros.

Es tanto así que, el congresista Peter King del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, pidió que el sitio web Wikileaks se califique como una organización terrorista. 

Y es que, al igual que el resto de los países del globo, América Latina también se vio afectada por la publicación de los cables.

De hecho, según consigna BBC, se revelan documentos sobre los esfuerzos por cortejar los países de la región para aislar a Hugo Chávez y las presiones que se ejercen sobre Brasil y Turquía para influir postivamente en los acuerdos comerciales o militares de Estados Unidos.

En el caso de Argentina, se refiere a "las sospechas que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, despierta en Washington, hasta el punto de que la Secretaría de Estado llega a solicitar información sobre su estado de salud mental".

Otro caso que aparece en los cables es el de Honduras y el destituido presidente Manuel Zelaya.

Con fecha de agosto de 2009, la Embajada dice que “no hay duda que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional del país conspiraron en contra el poder ejecutivo”. Así mismo, aclara de que no hay duda de que Roberto Micheletti llegó al poder de forma ilegítima.

Dice además que entre las excusas que se utilizaron para expulsar a Zelaya son el que había violado la ley, el que había renunciado o que quería ampliar su mandato, era falso.

“En nuestra opinión, ninguno de los argumentos anteriores tiene validez en virtud de la Constitución de Honduras. Algunos son directamente falsas. Otros son meras suposiciones”, dice. Por lo mismo, considera que lo escencial es que los militares no tenían autoridad para remover a Zelaya, el Congreso tampoco tenía la autoridad para removerlo y que el proceso destituyó al ex mandatario sobre un proceso secreto de 48 horas.