Más de 22.000 desaparecidos después, el gobierno mexicano anunció un plan de 10 puntos para combatir la corrupción y la impunidad. Implementarlo no será fácil, opina Claudia Herrera Pahl.

El mensaje del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, fue transmitido en red nacional en horario prime time. La lista de diez propuestas que son el núcleo del mensaje despierta asombro, a la vez que incredulidad. Asombro porque, de concretarse, podría ser un verdadero parteaguas en este largo periodo de ira en el que el crimen organizado ha sumido al alma mexicana. Incredulidad justamente porque en su contundencia cuesta trabajo creer que este México, al que algunos incluso califican de “Estado fallido”, tenga la convicción y la energía de llevarla a cabo.

Algunas propuestas habían sido ya presentadas anteriormente y nunca se llevaron a la práctica, pero a diferencia de antes no contaban con tanta atención a nivel internacional.

No será fácil poner coto al crimen organizado en las autoridades municipales a vistas de su enorme infiltración, pero Peña Nieto enviará ya este 1 de diciembre una reforma constitucional al Congreso, que prevé que el gobierno federal tome el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado.

Este es un avance concreto, lo mismo que el cometido de fortalecer los protocolos o procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales, o el anuncio de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como de un Sistema Nacional de Información Genética, propuestas que parecen estar al alcance de la mano.

Problemas nacionales. Más difícil será sustituir a los policías municipales por una policía única estatal más profesional y eficaz. Lo mismo que en los puntos anteriores, queda pendiente explicar cómo y hasta cuándo lo quieren hacer.

El anuncio de la creación de tres zonas económicas especiales que incluyen el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán crea también grandes expectativas. Es sabido que la pobreza es el suelo fértil en el que cosecha el narcotráfico. El anuncio de la estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca debería hacerse extensivo también a otras áreas de México.

Al combate a la corrupción y al anuncio de una mayor rendición de cuentas se le pone una herramienta: un portal de información sobre proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. De concretarse realmente habría una mayor transparencia.

El plan anunciado ante los Gobernadores de los Estados de los 31 estados mexicanos será presentado el lunes ante el Congreso en donde deberán darle el banderazo de salida. Toca entonces darle vida, pues aunque se conoce ya el qué todavía no sabemos el cómo y para cuándo. Que se trata de un proyecto tan delicado como laborioso y complicado está claro. Pero verdades como el caso de Iguala son imposibles de dejar sin respuesta.

Y junto a este plan hay que memorizar la promesa hecha por el presidente Peña Nieto este 27 de noviembre de asumir la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad, en suma para construir el Estado de derecho. Está en manos del presidente cumplir su promesa, y una buena manera de comenzar a hacerlo sería aclarar de modo preciso y contundente la serie de acusaciones sobre presuntos conflictos de interés en los que habrían incurrido el y su esposa.

En cuanto a las reformas, la sociedad civil mexicana y la opinión pública nacional e internacional deben demandar que el anuncio de Peña Nieto no se quede solo en palabras.