Colombia, antecedida por Paraguay, Honduras y Nicaragua, ocupó el cuarto lugar en la región latinoamericana: el año anterior la inversión fue de US$24 billones, mientras que en el 2012 fue de US$21 billones.
El pasado 14 de abril, un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri por sus siglas en inglés), señaló que el gasto militar mundial se redujo en un 19%, es decir, aproximadamente US$1,75 billones. Sin embargo, esa inversión aumentó en países emergentes y en desarrollo, según dice el documento, debido al crecimiento económico y a las necesidades de seguridad de esas naciones.
Estados Unidos encabezó la lista, pues en 2013 gastó alrededor de US$640.000 millones. En los primeros lugares también están China (US$188.000 millones) y Rusia (US$87.800 millones).
Colombia, antecedida por Paraguay, Honduras y Nicaragua, ocupó el cuarto lugar en la región latinoamericana: el año anterior la inversión fue de US$24 billones, mientras que en el 2012 fue de US$21 billones.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, US$21,5 billones fueron destinados a 428.000 hombres de las Fuerzas Armadas, (265.707 de las Fuerzas Militares y 163.152 de la Policía). De esa cifra, la nómina de los uniformados retirados traspasa los $113.000 millones mensuales. Para el economista, investigador y consultor Jorge Pulecio, un egreso de este tipo es necesario, porque es la forma para que los Estados garanticen estabilidad a sus ciudadanos. “Si no hay seguridad militar y política y por ejemplo, hay organizaciones guerrilleras que hacen justicia por su propia cuenta, eso le sale costoso a la economía”.
Según el Banco Mundial, el gasto militar asocia inversiones relativas a las Fuerzas Armadas, Ministerios de Defensa y otros organismos del Gobierno que participan en proyectos. Esto incluye pensiones del personal, servicios sociales, operación y mantenimientos, compras, investigación y desarrollo militar. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), manifiesta que “los resultados no son sorprendentes, porque desde hace tiempo ha crecido el gasto público militar como producto del conflicto”.
Mientras que en otros sitios del mundo el gasto militar disminuyó, América Latina experimentó un aumento del 2.2%. En el contexto colombiano “ha crecido en las últimas décadas con el narcotráfico y los grupos al margen de la ley”, señala Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien también considera importante el gasto ad portas del proceso de paz. “No creo que disminuya luego del acuerdo, porque comparado con otros países en un escenario de posconflicto, en Colombia puede firmarse la paz, pero no bajará el gasto porque los desmovilizados pueden constituir otros grupos criminales.
“Si hay paz, hay crecimiento económico”
La inversión militar implica otros costos. Los equipos necesitan mantenimiento y las armas deben actualizarse para no perder la inversión. Además de sostener hombres, ese tipo de gastos deben mantener las armas. Jorge Restrepo le llama, “una carrera de militarización” en la que pese a un acuerdo de paz, no se sabe con certeza si el amedrentamiento a la seguridad acabaría, por lo que “se debe realizar un proceso de reconversión del gasto militar porque probablemente continuarían las amenazas”, afirmó en diálogo con El Espectador.
A pesar de que en el país se genere debate sobre el amplio gasto militar respecto a otros temas como la educación, la salud y la cultura, según el economista Pulecio, esto beneficiaría la economía colombiana en tal caso de que se genere un acuerdo de paz con las Farc. “Es inevitable quitarle a otras temas si se invierte en defensa o maquinaria militar. Se debe elegir un gasto y en los últimos dos gobiernos (Uribe-Santos), se ha optado por lo militar”. Por ello, Pulecio propone que no se debe reducir la inversión militar, sino encaminarla para beneficios sociales. “Se debería dar ingresos estables a los contendientes de la guerra, es una forma de financiarlos pero legalmente”.
En ese punto coincide el sociólogo Fabián Sanabria, quien dice que un efecto inmediato sería la inversión extranjera, que hace parte de un proceso de desarrollo sostenible y sustentable que favorecería tanto a comunidades como a empresas. “Industriales, ganaderos, terratenientes y la empresa privada deben meterse la mano al bolsillo y contribuir a la reconciliación, de lo contrario, sería una actitud mezquina. Deben darse cuenta que forman parte de Colombia”.
“Si hay paz, hay crecimiento económico. Colombia está en la mira de la inversión extranjera pero en este momento solo vienen por la minería y los combustibles, la inversión iría a otros sectores como la infraestructura. También, el acuerdo de paz implicaría la renovación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), a favor de la economía interior y no solo para las exportaciones”, agrega Pulecio.
