La fiscalía especial de Lava Jato investigaba el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht para adjudicarse las obras de la Línea 1 del Metro de Lima, construcción que se realizó en el segundo gobierno de García (2006-2011).
Lima. El ex presidente de Perú, Alan García, hospitalizado tras dispararse este miércoles en la cabeza, murió, justo cuando iba a ser arrestado por la policía peruana, que ejectuba una orden de detención preliminar por 10 días.
La orden fue emitida a petición de la fiscalía especial para el caso Odebrecht/Lava Jato en Perú, que investigaba el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña para adjudicarse las obras de la Línea 1 del Metro de Lima, construcción que se realizó en el segundo gobierno de García (2006-2011).
De acuerdo al portal peruano RPP, Odebrecht reconoció a principios de 2007 haber pagado más de US$8 millones en sobornos para la adjudicación de la Línea 1.
La fiscalía ha sostenido que Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del gobierno de García y Edwin Luyo Barrientos, exmiembro del comité para la construcción del metro de Lima, recibieron US$6 millones y US$300 mil, en sobornos.
“Son ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo (…) si hay algún sinvergüenza que ha recibido una coima que le caiga todo el peso de la ley”, expresó García en enero de 2017, cuando se conocieron estos hechos.
Pero la construcción del Metro de Lima centra la atención de García, debido a la rapidez con que se ideó y se ejecutó. El ex mandatario reunió a sus ministros en enero de 2009 y les presentó el proyecto, firmando un decreto de emergencia para su construcción, el cual quedó habilitado el 28 de febrero de ese año.
De acuerdo al diario El Comercio de Perú, la fiscalía maneja varias tesis sobre cómo García recibió el pago de sobornos. Por una parte, el exmandatario hizo algunas charlas en Brasil organizada por la constructora brasileña y por las cuales recibía hasta US$100 mil.
El pago de esos US$100 mil por parte de Odebrecht a García con dinero de la caja 2 por una conferencia en Sao Paulo en el 2012 fue parte del soborno por este caso.
La segunda tesis fiscal es que el pago habría sido entregado a través de Luis Nava, quien recibió más de US$4 millones por parte de Odebrecht. US$1.300.000 de este monto fue entregado a Ammarin Investment, offshore de Miguel Atala
La campaña de García, presuntamente financiada por Odebrecht. El periódico El Comercio, relata al igual que su similar RPP, la cronología de un presunto delito que ha generado noticia mundial desde Perú.
Hay otro presunto ilícito del que ha sido señalado por el mismo representante de Odebrechet en territorio peruano. El brasileño Jorge Barata aseguró a la fiscalía que la gigante constructora brasileña entregó US$200 mil a la campaña electoral que llevó a Alan García a la presidencia en 2006.
Si bien Barata habló del aporte, aseguró que el dinero finalmente no fue entregado, pero el ministerio público peruano no quedó conforme con la explicación, ha venido entrevistando a un buen número de políticos y otros involucrados en dichas transacciones. Resulta que en los registros en poder de los fiscales, fueron cinco desembolsos desde Odebrecht para la estrategia de campaña del ex mandatario.
El próximo y 26 de abril serían claves en la investigación Lava Jato. El ex directivo de Odebrecht debía comparecer ante la justicia para prestar declaración bajo juramento de por qué habrían pagado a Alan García por las conferencias dictadas, si esto era para que les favoreciera en la adjudicación de contratos y la otra causa de supuesta entrega de dinero para la campaña del ex mandatario.
Si Jorge Barata mentía en dichas declaraciones, le habían advertido que iría a prisión. La presión sobre este y el exmandatario, aumentó al máximo, con resultados que se han visto la mañana de este miércoles.
Un fiscal general en la línea Lava Jato. Domingo Pérez un fiscal peruano, denunciaba en diciembre pasado al fiscal general Pedro Chávarry en el marco de las investigaciones que también involucraban a la senadora Keiko Fujimori en el caso Odebrecht.
Una resolución de Pérez compartida en redes sociales imputó a Chávarry la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y real, en favor de Keiko.
El fiscal Pérez, miembro del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato y mantiene un abierto enfrentamiento con Chávarry, a quien ha señalado como integrante de una mafia corrupta en el sistema judicial, denominada “Los cuellos blancos del puerto”.
Ahora le acusa de “procurar que el proceso de colaboración con la empresa Odebrecht no concluya satisfactoriamente”, lo que “va a implicar que las diversas fuentes de pruebas obtenidas hasta este momento en el caso seguido contra Keiko Fujimori y otros por el delito de lavado de activos no puedan emplearse en un posible juzgamiento; así como tampoco se pueda recibir mayor información o documentación y el aporte de nuevos testimonios de funcionarios de Odebrecht que coadyuven a la posición de cargo del Ministerio Público”.
El caso deja un suicidio, más preguntas que respuestas por la presunta participación del exmandatario en este caso de corrupción mundial y a la comunidad internacional boquiabierta por el desenlace de una investigación que apenas iniciaba para Alan García.
