Las reformas a los sectores justicia, salud y educación enfrentarán a una oposición liderada por sectores de izquierda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El presidente Juan Manuel Santos fue reelegido con la bandera de la paz. Si es que el fin del conflicto con las Farc y el Eln se concreta, muchas serán las reformas que tendrá que hacer el Legislativo y el mismo Ejecutivo para permitir que lo acordado se haga realidad. Sin embargo, más allá de esa promesa, el mandato otorgado por los colombianos a la Unidad Nacional comprende también una necesidad de grandes reformas y saltos considerables en materia de infraestructura y el acceso a derechos.
El próximo 20 de julio comenzará una nueva legislatura. Por primera vez, desde la Constitución de 1991, la oposición al Gobierno no será exclusivamente de izquierda, y estará compuesta por el Centro Democrático y parte de la bancada conservadora. El gobierno de Juan Manuel Santos tendrá una Unidad Nacional mayoritaria, pero no tan fuerte como en el período 2010-2014.
Precisamente, durante los cuatro años que terminan, la Unidad Nacional, que aglutinaba a cerca del 85% del Congreso a través de las bancadas de los partidos Liberal, de la U, Conservador y Cambio Radical, no pudo encaminar las principales reformas que requería el país. Ahora, con fuerzas menguadas, no sólo deberá buscar alianzas en la izquierda y la derecha para tramitar proyectos como las reformas a la justicia, la salud y la educación, sino que tendrá que trabajar para que la coalición electoral a favor de Santos tenga un efecto más amplio que la reglamentación del fin del conflicto.
Durante el cuatrienio que termina, el Gobierno logró la aprobación de tres leyes tendientes a garantizar un mayor acceso al aparato judicial y mejores condiciones para los trabajadores de la rama. Sin embargo, una reforma de fondo, que fue anunciada desde el primer año de gobierno, no fue posible. La reforma a la justicia la tuvo que objetar el mismo Santos en 2012, luego de que los medios de comunicación descubrieran la existencia de varios ‘micos’ en su articulado. Ahora, la Corte Constitucional está revisando la legalidad de esa objeción del acto legislativo que fue votada por las plenarias de ambas Cámaras.
En lo relativo a la salud, la transformación del sector todavía está en veremos. No obstante, en octubre de 2013, el Gobierno logró la aprobación del acto legislativo mediante el cual se hizo una reforma que contempló cuatro cambios fundamentales: la creación del fondo Salud Mía para manejar todos los recursos del sistema de salud colombiano; el Plan Obligatorio de Salud, que reguló los servicios básicos; el nombramiento de los gerentes de hospitales que quedó como potestad de los alcaldes y gobernadores, y la integración vertical, que prohibió “a los gestores de servicios de salud utilizar los recursos destinados a servicios de salud para hacer equipamiento o intervenciones en infraestructura para que no se den desviaciones de recursos”, en palabras del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
La reglamentación de ese acto legislativo quedó en firme este año y está siendo estudiada por la Corte Constitucional. Sin embargo, como lo aprobado no les garantizó a los colombianos un mayor acceso al servicio ni mejoró la calidad del mismo, el Ministerio de Salud se la jugó por una nueva reforma que se acabó de hundir. A falta de dos debates, la reforma se hundió por falta de tiempos en la presente legislatura. Será tarea del próximo Parlamento encauzar esa reforma.
En 2012, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó al Congreso un proyecto para reformar la Ley 30, que es la que rige al sector educativo. La iniciativa se cayó luego de un paro en el que participaron todos los sectores de la comunidad académica y obligó al Ejecutivo a retirar el proyecto. En ese momento, el mismo presidente Santos anunció que escucharía a los distintos actores y sus propuestas para modificar el sector.
Hoy, después de que estudiantes, profesores e instituciones educativas presentaran sus propuestas, ha sido imposible presentar de nuevo la reforma, pues el Mineducación no ha logrado establecer consensos. Incluso, después de los malos resultados del país en pruebas internacionales aplicadas a los estudiantes, la necesidad de darle un revolcón a la educación quedó en evidencia. Será esta otra de las tareas a desarrollar en el Congreso para un Santos reelegido.
Lo que sea acordado con las guerrillas tendrá que pasar por el Legislativo. La suerte de estas reformas que quedaron pendientes en los cuatro años que pasaron también dependerá del Parlamento. Sin embargo, hay otros problemas que deben ser atacados y cuyas soluciones no dependen exclusivamente de los congresistas. El salto en infraestructura, el ataque frontal al contrabando, las mejoras en el sistema electoral pendientes desde 2011, aliviar la crisis agropecuaria, entre otras decisiones ejecutivas, deben ser prioridad de un presidente que, en su segundo período, enfrentará una oposición más fuerte y numerosa.
