Las protestas en el norte del país contra el plan minero dieron paso a la primera gran crisis del gobierno de Ollanta Humala, quien la encaró con una renovación de su gabinete y medidas que anticipan que será duro a la hora de aplacar los conflictos.

Lima. La línea política que siga el presidente Ollanta Humala, su estrategia para aplacar los crecientes conflictos sociales y el ritmo del crecimiento económico en medio de un incierto panorama mundial acapararán la atención durante este año en Perú.

La luna de miel entre los peruanos y Humala, un militar retirado que asumió el poder el 28 de julio, terminó en noviembre con el estallido de un conflicto social en torno a la que sería la mayor inversión minera en la historia de Perú, un gran productor de minerales.

El proyecto Minas Conga, al que la estadounidense Newmont y peruana Buenaventura destinarían US$4.800 millones, será un barómetro tanto para las inversiones en el sector clave de una de las economías que más crece en la región como para la resolución de los conflictos que azotan a la nación andina.

Las protestas en el norte del país contra el plan minero dieron paso a la primera gran crisis del gobierno de Humala, quien la encaró con una renovación de su gabinete y medidas que anticipan que será duro a la hora de aplacar los conflictos.

En medio del conflicto, Humala vio caer su aprobación a un 47%, desde el 65% de septiembre, de acuerdo al más reciente sondeo de Ipsos Apoyo.

A continuación se analizan estos y otros frentes que dominarían la agenda del país en el 2012:

Humala, ¿más a la izquierda o a la derecha? Humala alcanzó la presidencia en su segundo intento, luego de que en el 2006 perdiera el balotaje frente a Alan García con ideas de izquierda que lo asociaban al presidente venezolano, Hugo Chávez, quien dice llevar adelante una "revolución socialista" colmada de estatizaciones en sectores estratégicos.

Para la elección del 2011, Humala se distanció de la imagen de Chávez en favor de las ideas de izquierda moderada acuñadas por el popular ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien llevó al gigante sudamericano al llamado grupo Brics de las principales economías emergentes conformado también por Rusia, India, China y Sudáfrica.

Los temores en torno a Perú, que habría crecido el 2011 cerca del 7%, comenzaron a disiparse en julio mientras Humala iba revelando los nombres de ministros moderados y la permanencia del presidente del Banco Central, Julio Velarde, respetado por mantener bajos niveles inflacionarios.

El presidente encomendó la cartera clave de Economía a Luis Miguel Castilla, un ortodoxo que ha continuado las políticas de apertura económica y buscado poner en marcha los prometidos programas sociales pero manteniendo un superávit fiscal.

Los empresarios saludaron los nombramientos comprometiendo o ratificando millonarias inversiones.

Sin embargo, los cambios ministeriales decretados en diciembre generaron temores a que Humala gire hacia la derecha o adopte un tono autoritario y llevaron al alejamiento de asesores de izquierda que se sintieron marginados.

Ello no supondría un cambio en las políticas económicas, pero mostraría a un Humala impredecible en su línea política.

"(Humala) es la gran transformación. Acuérdese de que en 10 años él ha pasado del racismo xenófobo más nazi propio de su familia, al chavismo del 2006 y al lulismo del 2011", dijo el conocido historiador peruano y analista político Julio Cotler en una reciente entrevista con un diario local.

"Y vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato. Humala tiene una gran capacidad de transformarse", agregó.

Los temores surgieron también ante la salida del primer ministro Salomón Lerner, quien había logrado el engranaje con los empresarios. Fue reemplazado por Oscar Valdés, un militar retirado que según analistas carece de muñeca política.

La designación de Valdés, quien fungía como ministro del Interior, llevaría a una línea más dura al encarar los conflictos, pues apoyó la declaración del estado de emergencia durante la protesta en la norteña región de Cajamarca así como el congelamiento de los fondos para esa zona.

Pero los lineamientos económicos permanecerían intactos pues el presidente mantuvo a su ministro de Economía, quien tendrá este año el desafío de mantener la tasa de crecimiento más alta posible -estimada en un 5,4%- en medio de la crisis de deuda en Europa y la anémica expansión del mundo desarrollado.

La economía peruana es altamente dependiente de sus exportaciones mineras, que representan cerca del 60% de los envíos, por lo que una menor demanda de metales en gigantes como China y precios más bajos golpearían su desempeño.

Oficialismo necesita de aliados en el Congreso.   Los cambios ministeriales fueron catalogados por algunos como una posible "militarización" del gobierno, lo que amenaza con el alejamiento de aliados de izquierda en el Congreso.

Tras la renovación del gabinete, el principal socio político de Humala, el ex presidente Alejandro Toledo, también dijo que se distanciaría del Ejecutivo aunque continuaría apoyando al oficialismo en el Parlamento.

Humala necesita esas alianzas para la aprobación de iniciativas importantes que serán debatidas en el Congreso, como una reforma laboral y del sistema de pensiones.

El oficialismo no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso, pues ostenta 47 de los 130 curules.

Pese a que los parlamentarios de Toledo seguirían apoyando a la bancada de Humala, algunos analistas dicen que de no hacerlo los legisladores derechistas fujimoristas -que son la segunda fuerza con 37 curules- ofrecerían su apoyo a cambio de un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, preso por abusos a los derechos humanos.

Por otro lado, la aprobación del Congreso está por el suelo en medio de frecuentes escándalos. Uno que recientemente salpicó también al Ejecutivo fue el que involucró al legislador oficialista y segundo vicepresidente Omar Chehade en un supuesto caso de tráfico de influencias.

Crecen conflictos sociales, amenazan inversiones. El rechazo a Minas Conga es parte de los más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, la mayoría en torno a la minería y energía, que amenazan con frenar inversiones por US$50.000 millones para los próximos años.

Humala prometió aplacar los conflictos, causados principalmente por temores ambientales, y distribuir los frutos de la bonanza económica con el tercio de peruanos que sigue siendo pobre pese a que el país anotó tasas de crecimiento hasta de dos dígitos en el pasado quinquenio.

En el caso de Minas Conga, los pobladores temen quedarse sin sus fuentes naturales de agua debido a que las empresas prevén trasvasar los líquidos de cuatro lagunas a tres reservorios.

Las protestas persisten pese a que el desarrollo del proyecto fue suspendido temporalmente. Los conflictos también han demorado otro plan minero de Southern Copper en el sur del país: Tía María valorado en US$1.000 millones.

Los conflictos han arreciado pese a que Humala arrancó con aciertos en el sector minero al cumplir dos importantes promesas de campaña: que las empresas del rubro comprometan US$1.000 millones al año y que el Congreso aprobara una postergada ley que da más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos.

El reglamento de esta ley debería regir desde enero.

El avance de los proyectos mineros en carpeta es crucial para aumentar la producción de metales de Perú -segundo proveedor mundial de cobre y plata y sexto de oro-, que ha estado cayendo en los últimos años en medio de un agotamiento de las reservas y menores leyes de los minerales.

Remanentes guerrilleros vinculados al narcotráfico. Perú aún afronta la amenaza de los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso que puso en jaque al Estado en las décadas de 1980 y 1990, que ahora actúan en alianza con los narcotraficantes en el mayor productor mundial de hoja de coca, de acuerdo a Naciones Unidas.

Esa alianza entre rebeldes y narcos también llevaría al país a superar a Colombia como la principal nación productora de cocaína del mundo.

Los ataques de estos remanentes -que se esconden principalmente en la boscosa zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE)- han dejado al menos 50 policías y militares muertos en los últimos años.

En más de dos décadas de guerra interna se registraron unos 69.000 muertos y desaparecidos en Perú, según datos oficiales.