La oposición se muestra triunfal ante los resultados de su plebiscito. El Gobierno, por su parte, califica el evento como una “consulta interna de partidos de la derecha".

La consulta popular convocada por la oposición venezolana para, entre otras cosas, inducir al presidente Nicolás Maduro a cancelar las elecciones de una Asamblea Constituyente que el mismo convocó, fue según la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una jornada exitosa: participaron más de 7 millones de personas, de un padrón electoral que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de casi 20 millones.

La MUD compara la consulta con otros eventos electorales realizados en el país anteriormente, como el referendo de 1999 convocado por el fallecido expresidente Hugo Chávez para convocar también una Asamblea Nacional Constituyente. En esa ocasión votaron algo más de 4 millones de venezolanos de los 11 millones registrados para sufragar. 

“Matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy”, expresó Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la MUD, cuando presentó los resultados de la consulta ayer domingo en Caracas. Borges también destacó que la consulta contó con 14.000 mesas mientras que normalmente se habilitan 45.000. “Es decir, hoy había cinco veces menos lugares para votar de lo que hay en una elección normal y sin embargo el pueblo superó todos los obstáculos”.

La oposición se ampara en la Constitución de 1999, la misma que se aprobó vía Constituyente ese mismo año, para sostener que el Gobierno está obligado a acatar las medidas debido al carácter vinculante que tendría la consulta, descrito en particular en el artículo 70.

Sin embargo, el CNE rechazó esta obligación. “Es una actividad política como cualquier otra, como las que hacen las organizaciones políticas de acuerdo a sus estrategias, una actividad para sus militantes que no tiene ninguna consecuencia jurídica en la ciudadanía. Lo más importante es que no se generen falsas expectativas”, señaló el domingo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

El presidente Maduro, por su parte, calificó la iniciativa de la oposición como una “consulta interna de unos partidos de la derecha” y un “show internacional” organizado para intervenir el país. “¡Saca tus manos de aquí imperialismo!”, dijo el sábado en una alocución televisiva.

-¿Es entonces la consulta popular de la MUD una acción vinculante o una estrategia política?

El abogado constitucionalista Enrique Tineo comentó a DW que el tema no es la cantidad de personas que asistieron a la consulta sino la forma en cómo se hizo, "en la calle". Hizo notar que después de la votación "se quemaron los cuadernos", cuando "estos actos democráticos electorales deberían ser producto de instituciones democráticas del Estado". Tineo se refiere a que el CNE no fue el ente organizador de la consulta y Venezuela es "uno de los pocos países donde hay más de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además el electoral y el ciudadano". Según él, la ausencia del CNE supone desconocer el poder electoral, lo que convierte a la consulta en solo "un asunto de fe" de la oposición.

Por otro lado, el consultor político Edgard Gutierrez explicó a DW que la consulta sirve como estrategia política pero a la vez tiene un "piso de legalidad" porque en la Constitución se indica claramente que sí es vinculante. Sin embargo, precisa que hay un conflicto de poderes en el país y cada bando da su propia interpretación de legalidad. Así mismo, Gutiérrez resalta que la quema de material electoral no es exclusiva de la oposición, debido a que "en un acto electoral convocado por la oposición pero organizado por el CNE en 2012, los cuadernos electorales se quemaron también para salvaguardar la identidad de los votantes". Gutiérrez agrega que esta acción está justificada porque "en Venezuela hay antecedentes muy claros de uso de esa información (electoral) para fines políticos de amedrentamiento y la transparencia de ese evento se logró con la participación de la gente". También refiere que no es relevante que el CNE no haya participado, "porque hay abundante evidencia de que en el pasado y en la actualidad los poderes públicos actúan básicamente conforme a la voluntad del Ejecutivo".