Elvis Amoroso detalló que la ex fiscal general Luisa Ortega y los dirigentes de oposición Julio Borges, Tomás Guanipa, Germán Ferrer y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma no podrán ejercer cualquier cargo público durante los próximos 15 años.
Caracas. El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció este jueves una serie de procesos y medidas administrativas contra ex funcionarios vinculados a la oposición política del país.
Amoroso detalló que la ex fiscal general Luisa Ortega y los dirigentes de oposición Julio Borges, Tomás Guanipa, Antonio Ledezma y Germán Ferrer fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 15 años.
Indicó que los procesos de auditoría respectivos determinaron que las citadas personas ocultaron y falsificaron información contenida en sus declaraciones juradas de patrimonio.
"Omitieron, sobreestimaron y subestimaron instrumentos financieros para engañar al pueblo de Venezuela", dijo Amososo.
"Se exhorta al Tribunal Supremo Justicia (TSJ), al Ministerio Público y al ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, proceder de forma inmediata a la prohibición de enajenar y gravar de estos señores y señoras corruptos", indicó.
El contralor también detalló que el ente a su cargo desarrolló una "investigación profunda" con respecto a los ciudadanos venezolanos "designados" por el diputado Juan Guaidó, quien en enero pasado se autojuramentó como "presidente encargado" de Venezuela.
Se refirió en específico a las personas designadas de forma "írrita" por Guaidó para ocupar responsabilidades en empresas filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el exterior.
"Hay un grupo de personas que han venido cometiendo hechos de usurpación y de corrupción, y se han apropiado de empresas de todos los venezolanos", explicó Amoroso.
En relación a dicho grupo se emitieron medidas que les prohíben enajenar bienes, bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero, detalló el contralor.
Amoroso recordó que diversas decisiones del TSJ han señalado que la Asamblea Nacional se encuentra en situación de desacato, por tanto sus acciones se consideran nulas ante la ley.
