El organismo realizó una auditoría de la deuda, basada en informes que revelaron la existencia de una declaración de reserva y secreto de la documentación y en el que las ventas anticipadas de crudo habían sido excluidas de las operaciones de deuda pública.
Quito. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa habría cometido irregularidades de tipo penal en el manejo de la deuda externa en los últimos cinco años de su gobierno, al realizar un cambio en su cálculo no previsto en la ley, dijo este lunes el contralor del Estado.
La Contraloría inició en enero una auditoría de la deuda, basada en informes preliminares que revelaron la existencia de una declaración de reserva y secreto de la documentación y en que las ventas anticipadas de crudo habían sido excluidas de las operaciones de deuda pública.
"Entre los sujetos de responsabilidad de indicio penal se encuentra el ex presidente de la República, los exministros de Finanzas, (...) actuantes sobre el periodo analizado", dijo el contralor, Pablo Celi, al leer el informe final de auditoría.
El estudio de la Contraloría abarcó la deuda contratada entre el 2012 y el 2017 y fue realizado por un equipo de economistas, juristas y empresarios.
Celi explicó a periodistas que el indicio de responsabilidad penal de Correa se atribuye a un decreto presidencial que autorizaba utilizar una metodología de cálculo de la deuda con relación al Producto Interno Bruto (PIB) "no prevista en la ley" y a que ayudó a contratar pasivos sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
"¡Imagínense! Responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI (Fondo Monetario Internacional)", dijo Correa en su cuenta de Twitter.
La Contraloría dijo que notificó a los involucrados sobre el resultado de la auditoría. El informe podrá servir para que se abra una investigación formal sobre el tema.
El presidente Lenín Moreno ha cuestionado el manejo económico de su antecesor y otrora aliado político, principalmente en lo relativo al endeudamiento público. Correa ha dicho que esas acusaciones forman parte de una persecución política.
Los indicios de responsabilidad penal también recae sobre ex ministros de Finanzas que ocuparon el cargo en el periodo analizado y otras autoridades de la estatal Petroecuador.