De acuerdo con el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, una iniciativa ciudadana para revisar el cumplimiento del Acuerdo, falta de voluntad política en el Congreso
Tras 150 días de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc en el Teatro Colón de Bogotá, y ad portas de una contienda electoral que será clave para la puesta en marcha de buena parte de lo pactado, el balance de los avances que se han dado es preocupante. Así lo refleja, por lo menos, el análisis presentado por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, que hace una evaluación de los tiempos críticos que enfrenta el proceso en el escenario de posconflicto, los cuales tienen que ver con tres ejes claves: la urgencia de poner en marcha en el primer año un marco legislativo y constitucional que incorpore el Acuerdo en el ordenamiento interno; los términos fijados por las facultades legislativas del Gobierno y el procedimiento fast track para aprobar las reformas, y los tiempos electorales, que tienen como telón de fondo un escenario político difícil para la implementación.
De acuerdo con el Observatorio, que hace parte de una iniciativa ciudadana para revisar el cumplimiento del Acuerdo desde la academia y las organizaciones sociales, si bien es cierto que el proceso de implementación es lento y progresivo y que se han dado algunos avances en temas relacionados con la aprobación de leyes, esto “aún no se traduce en hechos efectivos para los integrantes de la guerrilla, para la gente en los territorios de la guerra, para las víctimas y para el ejercicio pleno de la democracia”.
Las cifras tampoco son alentadoras. El informe, que fue presentado ante representantes de organizaciones sociales, del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz y de los delegados de las Farc Pastor Alape, Jesús Santrich y Marco León Calarcá, sostiene que tan sólo 18 de 242 actividades analizadas en el marco de la implementación han sido ejecutadas, 62 están en ejecución, 49 por iniciar y 113 atrasadas. Los datos generales señalan, además, que el total del avance es tan sólo del 12,7 %.
Los análisis metodológicos del Observatorio dieron cuenta de que, en casos como el de la Reforma Rural Integral, el estado del avance es del 3,3 %, en el del desmonte del paramilitarismo es del 4 % y en el de la comercialización de cultivos del 0 %. A estas cifras se suma la poca voluntad política de varios sectores que han impedido un mayor avance: “A la fecha se han aprobado dos actos legislativos, dos leyes, cuatro decretos ley y ocho decretos ordinarios. La postergación de debates de proyectos de ley necesarios a la implementación refleja una ausencia de voluntad política que exige mayor participación de la ciudadanía para que el Congreso cumpla su deber”.
En términos generales, las preocupaciones van orientadas a la urgencia de poner en marcha los programas y proyectos pactados en La Habana antes de que los tiempos electorales y los comicios presidenciales de 2018 copen la agenda y ante la posible llegada de un gobierno que no esté en sintonía con el proceso de paz. Además se hace necesario que las leyes ya aprobadas comiencen a ejecutarse. “A 425 días de que se acabe el gobierno de Juan Manuel Santos, los tiempos apremian y tienen características especiales (...) no vemos más avances que lo que se ha logrado. El hecho de que se apruebe la norma no quiere decir que se va a poner en marcha y eso se puede ejemplificar con la Ley de Amnistía e Indulto”, explicó Jorge Rojas, coordinador del Observatorio.
Sobre los resultados de dicha ley, el informe señala, por ejemplo, que a la fecha han salido por amnistía de iure 196 guerrilleros de las cárceles, se ha otorgado libertad condicional a 29 personas de las Farc y 72 más han sido trasladadas a zonas veredales por fallo judicial. “De una lista de 2.736 nombres entregados por las Farc a la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, se han certificado 1.777”.
Un tema sobre el que hizo énfasis Jesús Santrich, integrante de la delegación de paz de las Farc, quien señaló que el proceso ha sido demasiado lento: “La Ley de Amnistía está ahí desde diciembre, pero no ha sido posible que el universo de personas que se deben beneficiar estén ya en libertad. Y en esto también tiene que ver el Gobierno. No se lo podemos dejar sólo al aparato judicial, porque parece que no hubiera un compromiso de Estado sino uno de Gobierno y por partes. Promediando, estamos sacando 1,2 guerrillero por día. Aquí nos vamos a llevar una eternidad. Imagínese cuando se trate de amnistiar a los más de 7.000 combatientes que están en las zonas veredales; eso va a ser otro lío enorme”, aseguró.
Para Alape, ni siquiera existen territorios definidos para implementar los primeros proyectos productivos: “La gran preocupación es que llegamos al día D+180 y para dónde nos vamos a ir. Hay amenazas, hay ofertas grandes, alrededor de millones de pesos para el que quiera irse a trabajar con estructuras criminales. Les dicen, por ejemplo: ‘Ustedes no van a tener problemas con el Gobierno, nosotros somos aliados con las Fuerzas Militares y la Policía, aquí ustedes no van a tener un combate con nadie, aquí se van es a enriquecer’. Debe haber un esfuerzo para poder levantar el problema de la implementación, porque estamos en frente de muchos riesgos”.
Las cifras del Gobierno, sin embargo, son más positivas. En materia de implementación normativa, por ejemplo, las cuentas señalan que para finales de abril ya había 33 normas expedidas (entre leyes, decretos ley, decretos ordinarios y resoluciones), siete se encontraban en trámite en el Congreso, siete más en socialización o en consulta previa y 22 en ajustes. De acuerdo con el último boletín de la Alta Consejería para el Posconflicto, para la fecha además se habían suscrito acuerdos de sustitución con influencia directa en alrededor de 80.000 familias y 65.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya se concluyó la primera etapa de la implementación y se aprestan a iniciar la segunda.
De ahí la importancia de la visita que desde ayer realizan al país los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes observarán, de primera mano, los avances y obstáculos del proceso. “El Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad muy grande porque la ONU hace parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego y de hostilidades, pero además está planteada la segunda misión de la ONU, que tiene que ver con la implementación propiamente”, concluyó Marco León Calarcá, precisamente el delegado de las Farc en el Mecanismo.
