"Si estos policías reconocen su error y piden disculpas, no al presidente sino al país entero, previa la autorización de las familias de las víctimas, podríamos hasta pensar en un indulto", comentó el presidente de Ecuador.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, abrió este sábado la posibilidad de un eventual indulto para los seis policías condenados a 12 años de prisión por intento de magnicidio durante una revuelta de agentes ocurrida el 30 de septiembre de 2010, que el Ejecutivo interpretó como un intento de golpe de Estado.
El pasado martes, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, anunció por escrito la pena y ratificó la sentencia adoptada el 1 de agosto último, cuando declaró culpables a los gendarmes.
En su informe semanal de labores, Correa recordó que durante la revuelta del 30 de septiembre hubo muertos e incluso intentaron atentar contra él, pese a lo cual, manifestó que por él los indultaría, "no hay ningún problema", al apuntar que en la eventual decisión deben participar los familiares de los fallecidos.
El gobernante subrayó que los policías condenados cometieron un error "gravísimo", traicionaron su vocación policial "atentando contra los que tenían que proteger".
"Si estos policías reconocen su error y piden disculpas, no al presidente sino al país entero, previa la autorización de las familias de las víctimas, podríamos hasta pensar en un indulto", comentó el jefe de Estado.
El fiscal de la causa, Gustavo Benítez, indicó el pasado 1 de agosto, tras conocer el fallo del tribunal, que la decisión se sustentó debidamente con "pruebas sólidas" como los vídeos proporcionados por varios medios de comunicación.
Rigoberto Ibarra, abogado de uno de los acusados, dijo entonces que preveía presentar sendos recursos de aclaración y ampliación del fallo y aseguró que luego definirá otras acciones.
Otro de los abogados, Patricio Armijos, no descartó una apelación y dijo que incluso podría acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 30 de septiembre de 2010 una protesta de policías por asuntos salariales derivó en un alzamiento de proporciones en el que el presidente Correa fue agredido y tuvo que refugiarse en un hospital de la institución del orden.
El mandatario, que había acudido al lugar de la protesta para hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue rescatado en una operación militar desarrollada esa noche en medio de un intenso tiroteo.
Correa consideró que en esa jornada, en la que fallecieron unas diez personas, hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y "malos oficiales" de la Policía.