Reportajes recientes indican que, pese a su indignación por las actividades de la NSA, el gobierno ecuatoriano pudiera tener una capacidad de vigilancia más avanzada de lo que admite.
Por Sara Rafsky, Investigadora Asociada del CPJ para las Américas. Siete meses después de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa coqueteara con la idea de ofrecerle asilo político a Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la intercepción de comunicaciones y la filtración de correos electrónicos nuevamente acaparan los titulares en este país andino. En esta ocasión, la noticia no tiene que ver con la vigilancia internacional, sino que es una ventana hacia el último frente abierto en el cada vez más intenso conflicto entre el presidente y sus críticos.
La semana pasada, el diario estatal ecuatoriano El Telégrafo publicó un artículo que denunciaba un plan internacional para desestabilizar el gobierno y citaba correos electrónicos entre la política opositora Martha Roldós y empleados de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America) y Fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society Foundations), así como de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), esta última financiada por el gobierno estadounidense. Señalados como conspiradores figuraban los destacados periodistas latinoamericanos Gonzalo Guillén, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y Giannina Segnini. ¿Cuál era el fundamento de esta funesta conspiración? Según El Telégrafo, el deseo de Roldós de crear un medio independiente en Ecuador y el posible interés de las organizaciones en aportar financiamiento. Los correos hacen referencia al pésimo historial de Correa en materia de libertad de prensa, que se caracteriza por procesos penales por difamación contra periodistas y por una de las leyes de comunicación más restrictivas del hemisferio.
Ser catalogados de traidores o espías por el hecho de recibir fondos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses, no es nada nuevo para los críticos del gobierno ecuatoriano. Basta con preguntarles a la organización ecuatoriana pro libertad de prensa Fundamedios y a su director, César Ricaurte, quienes han sido objeto de amenazas y acoso oficial durante años por criticar el gobierno de Correa. Es una táctica que el mandatario claramente aprendió del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y del presidente ruso Vladimir Putin, quienes, al igual que otros líderes, han esgrimido el tema del financiamiento estadounidense -y su politización durante el período de la Guerra Fría- como una justificación para reprimir a las organizaciones críticas.
No obstante, el empleo de métodos de vigilancia electrónica y los ataques cibernéticos parecen indicar una nueva táctica en el conflicto. No está claro exactamente quién fue el responsable de las filtraciones de los correos electrónicos de Roldós, aunque la dirigente política ha declarado a la prensa que cree que se trata del gobierno o de sus partidarios. (El gobierno no se ha referido mucho a este asunto, pero Orlando Pérez, director de El Telégrafo, declaró a la Associated Press que su equipo realizó "su labor sin violar ninguna norma ética"). Hace poco el periodista Pablo Jaramillo efectuó declaraciones similares en el sentido de que sus correos electrónicos habían sido interceptados, y acusó al gobierno de ser el responsable, pero sin suministrar detalles ni pruebas.
Reportajes recientes indican que, pese a su indignación por las actividades de la NSA, el gobierno ecuatoriano pudiera tener una capacidad de vigilancia más avanzada de lo que admite. Tras las revelaciones de Snowden, el sitio web estadounidense Buzzfeed y el diario ecuatoriano El Universo, frecuente crítico del gobierno, publicaron artículos que afirmaban que el gobierno, de manera secreta, estaba adquiriendo sus propias tecnologías de avanzada para la vigilancia. Ante tales acusaciones, el gobierno se sintió ofendido y al parecer intentó suprimirlas.
El gobierno de Correa no ha perdido tiempo en presentarse como una víctima y ha acusado a los periodistas autores de denuncias de haber obtenido ilícitamente acceso a los correos de funcionarios gubernamentales. En fechas más recientes, funcionarios de gobierno, acompañados de efectivos de un equipo de élite fuertemente armados y con máscaras, realizaron un allanamiento nocturno del domicilio del periodista Fernando Villavicencio, el 26 de diciembre, y le confiscaron la computadora y archivos, según el periodista. Villavicencio ha escrito varios reportajes investigativos para la publicación digital Plan V, cuya línea editorial es crítica del gobierno. En los reportajes, Villavicencio ha denunciado presuntos actos de corrupción gubernamental, en particular en la industria petrolera. El periodista también es asesor del asambleísta opositor Cléver Jiménez (cuya oficina también fue allanada por funcionarios) y tiene un papel activo en la política.
Semanas antes del allanamiento, un funcionario del gobierno de Correa ordenó investigar cómo Jiménez había obtenido acceso a correos electrónicos internos relacionados con el tratamiento dado por el gobierno a una dilatada demanda judicial contra la empresa Chevron, sobre los cuales Villavicencio informó posteriormente, de acuerdo con informes de prensa (Villavicencio ha sido una piedra en el zapato del gobierno por muchos años, tanto por su actividad periodística como política, y el martes perdió la apelación en un proceso mediante el cual él y Jiménez fueron sentenciados a una pena de 18 meses de cárcel por el delito de injuria contra el presidente, según Fundamedios. Correa interpuso una contrademanda cuando Villavicencio y Jiménez lo acusaron en 2011 de delitos de lesa humanidad por los actos emprendidos por el mandatario durante una violenta revuelta policial).
Fundamedios considera que las acciones del gobierno contra Villavicencio pudieran constituir represalias por sus investigaciones para Plan V así como por sus actividades con Jiménez.
Después del allanamiento, el gobierno al parecer cambió de idea y afirmó que Chevron, y no Jiménez, había lanzado un ataque cibernético contra sus comunicaciones y le había pasado el contenido de ellas al asambleísta, de acuerdo con informes de prensa. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno ha acusado de métodos ilícitos a los periodistas que revelan información sensible sobre las actividades oficiales. En julio, cuando aún se desconocía el destino final de Snowden, funcionarios del gobierno ecuatoriano amenazaron en público con emprender acciones legales contra la cadena televisiva estadounidense Univisión por la presunta intercepción de las comunicaciones del gobierno, a raíz de que Univisión publicara correos electrónicos oficiales sobre la solicitud de asilo de Snowden. Daniel Coronell, vicepresidente y director de Noticias de Univisión, en esa ocasión declaró a la Associated Press lo siguiente: "Quiero enfatizar que el 100% de acciones de los periodistas de Univisión son legales, se hacen dentro del marco de la ley, y en segundo lugar nosotros valoramos la protección de la fuente como un principio universal de la libertad de prensa".
Como ha documentado el CPJ, la entrada de Correa en el debate internacional sobre la libertad de información en los últimos dos años ofrece un brusco contraste con su historial en la misma materia en el ámbito nacional. Los funcionarios de gobierno aparentemente no captaron la ironía que significaba debatir una ley que sancionaría la publicación de documentos confidenciales o amenazar con tomar acciones legales contra periodistas que publicaron documentos filtrados sobre el estatus de Snowden cuando el destino del informante de la NSA aún era incierto. Ahora que Snowden se encuentra en Rusia y Julian Assange está exiliado casi permanentemente en la embajada de Ecuador en Londres, las distracciones internacionales se han disipado y Correa ha continuado, en su mayor parte sin freno alguno, su ofensiva contra la prensa. No está claro cuán lejos el gobierno está dispuesto a avanzar en este conflicto, pero mientras la atención de los medios extranjeros se ha desviado a otras cuestiones, para los periodistas ecuatorianos la historia está lejos de concluir.
*Una versión de este artículo apareció originalmente en el sitio web del CPJ. El Comité para la Protección de los Periodistas tiene sede en Nueva York, es independiente y sin fines de lucro, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Usted puede aprender más en CPJ.org o seguir el CPJ en Twitter @pressfreedom o en Facebook aquí.
