México ocupó en 2011 el lugar número 100 entre los países con mayor corrupción, de un total de 183 evaluados por el organismo independiente Transparencia Internacional.

México DF.  A pesar de las miles de cámaras instaladas en la Ciudad de México, muchos policías no dudan en estirar la mano para recibir sobornos de los automovilistas, quienes pagan las "mordidas" para evitar las onerosas multas de tránsito.

Esa es una escena repetida en América Latina. Pero en México es solo el primer eslabón de una larga cadena de corrupción.

En distintas partes del país los oficiales pagan sobornos a sus superiores para conseguir buenas patrullas, uniformes y hasta zapatos, en una nación donde los poderosos cárteles del narcotráfico casi siempre están mejor equipados.

"Uno llega bien creído de que puedes cambiar las cosas, te preparas y tómala, a la hora de la hora, pura madre (mentiras)", relató un policía municipal de Tijuana, donde cientos de efectivos han sido cesados en los últimos años por vínculos con la delincuencia y jefes policíacos fueron sustituidos por militares.

"El mismo (superior) que estuvo en tu acto académico te chinga (te presiona) y si no le entras al desmadre (la corrupción), simplemente no pasas de la esquina, de ganar bien poco", dijo el agente.

Los controles a los agentes se volvieron más exigentes y frecuentes durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y cuerpos de policías municipales enteros han sido removidos. Pero el cada vez más violento país está aún lejos de poder controlar la corrupción en los cuerpos de seguridad.

La corrupción policíaca es una de las que más sufren los mexicanos y una de las razones por las cuales los cárteles -dedicados no sólo al narcotráfico sino también a secuestros y extorsiones- están lejos de debilitarse.

Pero además es un mal incrustado en la economía, donde las empresas destinan entre un 6 y un 10% de sus ingresos en pagos ilícitos para, por ejemplo, ganar contratos del sector público o para instalar nuevos negocios, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Wal-Mart de México, la mayor minorista del país que este año planea abrir más de 300 tiendas, enfrenta una investigación por sospechas de que pagó sobornos para "aceitar" la aprobación de permisos del Gobierno.

"En el ambiente de negocios se ha convertido en un recurso para resolver trabas de regulación (...) Parte de la corrupción grande que se da entre grandes empresas tiene que ver con la adjudicación de contratos", dijo Luis Foncerrada, su director.

El CEESP forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a los principales hombres de negocios del país y ha dado un voto de confianza al proyecto del próximo presidente, Enrique Peña Nieto, de crear un gran organismo anticorrupción que pueda atacar todos los frentes del problema.

¿Será verdad? Pero el proyecto de Peña Nieto ha generado dudas debido al turbio pasado de la fuerza política a la que pertenece, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por 71 años seguidos hasta el 2000 entre acusaciones de fraude electoral, enriquecimiento ilícito de gobernantes y autoritarismo.

El propio Peña, un ex gobernador del populoso Estado de México de 46 años, asumirá en diciembre tras sortear acusaciones del candidato perdedor, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de compra de votos, gastos excesivos de campaña y desvío de fondos públicos hacia su promoción política.

Una de las mayores manchas que carga el PRI es el llamado "Pemexgate". En ese caso, fondos del sindicato de la petrolera estatal Pemex fueron desviados a la campaña del candidato presidencial priista del 2000, Francisco Labastida.

El partido, en ese momento desesperado porque estaba a punto de perder por primera vez el poder, fue sancionado con una millonaria multa años después, pero nadie fue detenido.

México ocupó en el 2011 el lugar número 100 entre los países con mayor corrupción, de un total de 183 evaluados por el organismo independiente Transparencia Internacional.

"Hay un consenso claro, la sociedad está cansada de la impunidad y se requiere algo nuevo, que dé resultados y que acorte los plazos para dar resultados", dijo en una entrevista reciente con Reuters Emilio Lozoya, un asesor de Peña Nieto encargado de redactar el proyecto del ente anticorrupción.

Este organismo sería autónomo, tendría facultades amplias para poder hincarle el diente no sólo a asuntos federales sino también estatales y municipales, áreas por donde suelen escaparse muchos de estos delitos sin que el gobierno federal pueda atacarlos.

La comisión apuntaría a los grandes casos de corrupción como los ocurridos en empresas estatales como CFE, de electricidad, o los supuestos sobornos millonarios que se investigan en Walmex, filial del gigante estadounidense Wal-Mart y el principal empleador privado de México.

Este último caso salió a la luz en abril en el periódico New York Times pero hasta ahora, y a pesar de que las autoridades dicen que hay una investigación abierta, ningún funcionario ni directivo de la empresa ha enfrentado a la justicia.

Para el politólogo José Antonio Crespo, Peña está mandando un mensaje claro de que no es el viejo PRI el que volverá a gobernar el 1 de diciembre, pero dijo que hay que ver si la intención es verdadera y si la comisión, que tiene que ser aprobada por el Congreso, resultará un organismo eficiente.

"Es un aviso al país de que no son el mismo PRI, pero ojalá también sea una señal hacia adentro (del partido) de que van en serio y no es (un cambio) cosmético como algunos temen", dijo.

"Falta por ver qué facultades le darán a la comisión, qué tan fuertes podrán ser esos cambios", agregó.

Ponerle el cascabel a los gobernadores. En un país con estructura federativa, los estados son vistos a menudo como focos de corrupción y los gobernadores como señores feudales que manejan millonarios recursos muchas veces de manera antojadiza, sin rendir cuentas al gobierno federal.

El PRI gobierna en la mayoría de los 32 estados del país donde varios gobernadores y ex gobernadores han sido acusados de vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito o contratación ilegal de deuda.

Transparencia Mexicana aconsejó a Peña que, para que la nueva comisión funcione, la acompañe con un Consejo Nacional por la Probidad y la Etica Pública con foco en la prevención de la corrupción, integrando a los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"La gran mayoría todavía sigue haciendo un uso muy discrecional de los dineros públicos, de nuestros dineros", dijo Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia.

Además, el organismo ha señalado que hay pocas comisiones anticorrupción en el mundo que han funcionado y aconseja más bien la articulación de varios organismos para hacer más eficiente la persecución de los delitos.

"Lo que suele funcionar en esto son sistemas nacionales, un conjunto de instituciones coordinadas, más que una sola oficina que busca reemplazar a todas las otras", dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo del organismo.

Según un experimentado político allegado al próximo presidente, quien habló bajo condición de anonimato, Peña está decidido a ir contra miembros de su propio partido en materia de corrupción, caiga quien caiga.

"Su objetivo es: 'entre que lloren en mi casa o que lloren en su casa, prefiero que vayan a llorar a la suya", dijo, refiriéndose a que preferirá a los corruptos fuera del gobierno, que dentro.

Los permisos de obra pública son considerados un gran foco de corrupción, además de la entrega de permisos de uso de suelo, que son básicamente autorizaciones para poder instalar un nuevo negocio y que se solicitan ante los municipios, dijo Foncerrada.

La investigación sobre Walmex está justamente centrada en el modo en que se consiguieron esos permisos.

"Muchos gobernadores establecen que para poder ser otorgados tienen que recibir (ellos) el 20 por ciento del proyecto", en el caso de construcción de puentes o carreteras, dijo Foncerrada.

La corrupción, un impuesto. Respecto a la extendida corrupción cotidiana, la comisión recibiría acusaciones y establecería qué tan frecuentemente se denuncia un acto de este tipo para obligar a la autoridad correspondiente a tomar cartas en el asunto, dijo Lozoya.

Según Transparencia Mexicana, en 2010 los mexicanos gastaron 32.000 millones de pesos (US$2.588 millones) en sobornos para acceder o facilitar 35 tipos de trámites o servicios de distinto tipo.

Si se observan los estudios estado por estado, los datos no dejan muy bien parado al mandatario electo de México.

Una encuesta CEESP del 2007 mostró que un 20% de las empresas, en promedio, reconoció que pagaba para influir en el contenido de nuevas regulaciones y leyes, así como para influir en decisiones de funcionarios.

El estado peor calificado en este y otros rubros fue Hidalgo, entonces gobernado por Miguel Osorio Chong, actualmente uno de los dos hombres más importantes del equipo de Peña.

Y en el 2010, cuando Peña era gobernador del Estado de México, el más poblado del país con 15 millones de habitantes, la entidad quedó en el penúltimo lugar en el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno elaborado por Transparencia.

El camino para la creación de la comisión anticorrupción no será fácil.

Tanto esta reforma como otras dos para dar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y otra que se propone regular las relaciones entre medios y gobiernos, implicarían reformas a la constitución, lo que requiere de mayorías especiales en el Congreso bicameral.

El PRI no tiene siquiera mayoría absoluta en el legislativo, a lo que se suma que, para convertirse en ley, necesitan ser aprobadas por la mitad más uno de los congresos estatales.