El archivo, con ribetes de escándalo institucional, se produjo cuando la fiscal general, Raquel Dodge, acusó a la máxima corte brasileña de haber actuado fuera del procedimiento, es decir, de hacer la instrucción sin el Ministerio Público.

Una tormenta institucional sacudió a Brasil luego de que la máxima corte del país decidió aplicar la censura contra dos portales de noticias vinculados al mercado finananciero y el allanamiento de la casa de un general retirado aliado del presidente Jair Bolsonaro, acusado de conspirar contra el tribunal.

El caso provocó la reacción contra la Corte de parte del arco político, pero también movió los cimientos del poder militar que forma parte del gobierno del ex capitán Bolsonaro, abiertamente crítico al perfil "garantista" de parte del Supremo Tribunal Federal (STF).

Pero todo se archivó en las pocas horas, con ribetes de escándalo institucional, cuando la fiscal general, Raquel Dodge, acusó a la Corte de haber actuado fuera del procedimiento, es decir, de hacer la instrucción sin el Ministerio Público.

El juez del Superior Tribunal, Alexandre de Moraes, ordenó este martes ocho allanamientos contra "fake news" u operaciones de prensa contra el presidente del máximo tribunal, Antonio Dias Toffoli, luego de que mandara censurar una nota supuestamente inverosímil a los portales digitales Crusoé y O Antagonista, propiedad de la agencia financiera Empiricus.

Sin embargo, Dodge comunicó el archivo al ministro Alexandre de Moraes, nombrado por Toffoli como ponente de la investigación abierta de oficio por el presidente de la corte. Dodge argumentó que la Constitución determina que el Ministerio Público es titular exclusivo de acciones penales, lo que implica efectos directos en la forma y conducción de investigación criminal.

"El ordenamiento jurídico vigente no prevé la hipótesis de que el mismo juez que entiende que un hecho es criminal determinar la instauración de una investigación y designar al responsable de esa investigación", escribió Dodge en respuesta a Moraes.

"Además de no observar las reglas constitucionales de delimitación de poderes o de funciones del Ministerio Público en el proceso criminal, esa decisión transformó la investigación en un acto con concentración de funciones penales en el juez, que pone en riesgo el propio sistema penal acusatorio y la garantía del investigado en cuanto a la exención del órgano acusador ", añade la jefa del Ministerio Público Federal.

En el marco de la investigación, Moraes determinó la retirada de circulación de material de la revista Crusoe que muestra una supuesta conexión entre Toffoli y Odebrecht. El reportaje no cita ninguna supuesta actitud ilícita del presidente del STF.

* Con información de Télam y Reuters.