Quienes han criticado la ley sostienen que es anticonstitucional y podría llevar a discriminación étnica y racial de los hispanos en Arizona.

Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el lunes la principal disposición de la dura legislación de Arizona contra la inmigración ilegal pero rechazó otras tres, reconociendo cuestionamientos formulados por el presidente Barack Obama pero dando también la razón a los conservadores que apoyan la ley.

En una prueba crucial sobre si es el gobierno nacional o las autoridades estatales las que tienen el poder de aplicar las leyes inmigratorias, el máximo tribunal estadounidense ratificó unánimemente el aspecto más controversial de la ley: la exigencia de que los policías controlen el estatus migratorio de las personas a las que detengan por cualquier motivo.

Pero en fallo dividido, la corte también revocó otras reglamentaciones de la ley sancionada en el 2010 en Arizona -la primera de su tipo en el país- que Obama desafió en el tribunal. Las votaciones de los jueces en estos casos fueron 5-3 o 6-2, con los votos en disidencia de los jueves más conservadores.

Estas tres provisiones requerían a los inmigrantes llevar sus papeles de inmigración en todo momento, prohibían que los indocumentados solicitaran empleo en lugares públicos, y permitían a la policía detener a inmigrantes sin orden si los agentes pensaban que habían cometido delitos que puedan suponer la deportación.

Quienes han criticado la ley sostienen que es anticonstitucional y podría llevar a discriminación étnica y racial de los hispanos en Arizona.

Los hispanos, que son la principal minoría de la población actual de Estados Unidos -de la que representan alrededor de un 16%-, son mayoría entre los inmigrantes ilegales.

"Este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades", dijo sobre el fallo el Gobierno de México, a través de un comunicado.

En Estados Unidos viven unos 11,5 millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos.

"La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor", agregó.

La decisión de la corte es en parte un revés para Obama en un año de elecciones, pero se trata de una derrota menor de lo esperado cuando terminaron los argumentos orales ante el tribunal en abril.

Las contundentes palabras del veredicto pueden enturbiar los esfuerzos de intentar combatir la inmigración ilegal a nivel estatal.

La gobernadora de Arizona Jan Brewer, del partido republicano, recibió la decisión como "una victoria para el estado de derecho", mientras que los grupos activistas opuestos a la ley dijeron que miles de familias vivirán con miedo en el estado fronterizo con México.

El juez Anthony Kennedy destacó que el gobierno federal tiene "poder amplio, indudable" sobre la inmigración, y señaló que una política federal podría afectar al comercio, la inversión, el turismo y las relaciones diplomáticas.

"Me alegra que el Tribunal Supremo haya revocado provisiones clave de la ley de inmigración de Arizona. Lo que esta decisión deja indudablemente claro es que el Congreso debe actuar en una reforma completa de la inmigración. Un rompecabezas de leyes estatales no es una solución para nuestro sistema fallido de inmigración", dijo Obama en un comunicado.

Derechos civiles. El presidente dijo seguir preocupado por el efecto práctico del resto de la legislación de Arizona. "En adelante, debemos asegurar que los agentes de la ley de Arizona no apliquen esta ley de una forma que socave los derechos civiles de los estadounidenses, como reconoce la decisión del tribunal", añadió.

En su decisión, el juez Kennedy dejó abierta la posibilidad a apelaciones constitucionales o de otra clase una vez entre en vigor la ley, redactada en el 2010.

El veredicto se sitúa en el centro de un encendido debate nacional entre demócratas y republicanos sobre los millones de inmigrantes ilegales que el gobierno estima hay en el país.

El candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, que se enfrentará a Obama en las elecciones del 6 de noviembre, se oponía a la apelación federal a la ley de Arizona.

"La decisión de hoy subraya la necesidad de un presidente que lidere en este asunto clave y trabaje de forma bipartidista para buscar una estrategia nacional de inmigración", afirmó Romney en un comunicado.