En un nuevo revés judicial para el presidente Jimmy Morales, la Corte de Constitucionalidad rechazó los cinco recursos presentados por la cancillería para revocar la renovación de visas de funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ciudad de Guatemala. Los cinco recursos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala presentó el pasado 24 de diciembre ante la Justicia para revocar la medida adoptada por la Corte de Constitucionalidad, que obligaba al Ejecutivo a renovar las visas de 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueron rechazados por el alto tribunal este jueves.

Durante la sesión plenaria, los magistrados del Constitucional declararon, por mayoría en todos los casos, "sin lugar" los recursos de aclaración presentados por la cancillería a través de tres abogados. En estos recursos, el Ministerio pedía que la Corte aclarara "algunas dudas” sobre las peticiones de amparos favorables a la renovación de las visas.

La decisión no fue unánime, pues en tres de los autos se definió por 3 votos a 2, mientras que en otras dos decisiones resultó 4 a 1 la resolución de la Corte. La magistrada presidenta del Constitucional, Dina Josefina Ochoa Escribá, emitió votos razonados en los cinco procesos, mientras que el magistrado Neftalí Aldana hizo lo propio en tres.

Batalla legal. Los tres magistrados que votaron a favor, Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata Vela, habían sido denunciados la noche del miércoles 26 de diciembre por la Procuraduría General de la Nación por supuestas resoluciones "arbitrarias e ilegales" que han contradicho para favorecer a la Cicig lo dispuesto por el presidente, Jimmy Morales.

El 18 de diciembre, el Gobierno de Morales, que tiene a familiares entre los personeros investigados por la Comisión dependiente de Naciones Unidas, había ordenado que 11 abogados e investigadores de la Cicig abandonaran Guatemala en el plazo de 72 horas.

La medida causó que abogados, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría de Derechos Humanos y la misma Cicig presentara recursos ante la Corte Suprema para detener la expulsión de los funcionarios.