Los ex magistrados del Tribunal Constitucional presentaron la demanda contra el Estado ecuatoriano en el 2005 por violación a sus derechos, garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana, en Costa Rica, por la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional, en noviembre del 2004, por parte del Congreso Nacional.

“La Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana tanto por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado ecuatoriano, como por las cuestiones de orden público interamericano que el caso presenta”, refiere el informe de la Comisión.

Los ex magistrados del Tribunal Constitucional Miguel Camba, Oswaldo Cevallos, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Luis Rojas, Mauro Terán, Simón Zabala y Manuel Jaramillo presentaron la demanda contra el Estado en el 2005 por violación a sus derechos, garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial.

Los juristas, designados para el periodo 2003-2007 por el Congreso, fueron destituidos en el gobierno de Lucio Gutiérrez por haber declarado inconstitucional el método de asignación de escaños (D’Hondt), tras una demanda presentada ante el organismo por el socialcristiano Xavier Neira.

El caso fue remitido a la Corte Interamericana el 28 de noviembre del 2011, porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones realizadas en un informe preliminar.

En dicho informe, la Comisión concluyó que los exmagistrados no tuvieron derecho al debido proceso, oportunidad de defenderse, y solicitó a la Corte que disponga medidas de reparación inmediatas.

Entre ellas, reincorporar “a las víctimas al Poder judicial”, en un cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración y por el tiempo que les restaba en funciones (tres años).

De no ser posible la reincorporación, señala la Comisión, el Estado deberá pagar una indemnización razonable, por daño moral. Además, reconocer públicamente las violaciones declaradas en el caso, en particular, la vulneración de la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, “adoptar medidas de no repetición que aseguren la independencia reforzada del Poder Judicial”, a través de normativa interna con garantías en la designación, permanencia y remoción de jueces y juezas.

Mauro Terán calificó como una decisión lógica el pronunciamiento de la Comisión ante la falta de receptividad del Estado a las sugerencias del organismo.

Mientras, Enrique Herrería, actual asambleísta, evitó pronunciarse por ser parte de una institución del Estado. “Estoy obligado moralmente a reservarme cualquier criterio respecto de este proceso”, dijo.

Hasta el cierre de esta edición la Procuraduría no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el tema.