De los 11 ministros de la Suprema Corte, seis votaron a favor de la apertura de la acción penal.
Brasilia. La mayoría de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aceptó este miércoles recibir en forma parcial una denuncia por corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
De los 11 ministros de la Suprema Corte, seis votaron a favor de la apertura de la acción penal.
El relator del caso, Teori Zavascki, votó a favor de aceptar sólo una parte de la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, al considerar que se presentaron pruebas mínimas de que Cunha participó en la contratación irregular de navíos sonda para la petrolera estatal Petrobras en 2006 y 2007.
De acuerdo con el procurador general, Rodrigo Janot, el presidente de la Cámara de Diputados recibió cinco millones de dólares a cambio de facilitar la contratación de dos buques de perforación del astillero Samsung Heavy Industries en 2006 y 2007, realizada sin licitación por Petrobras.
El caso fue descubierto a partir de la delación premiada del consultor Julio Camaro, quien participó en el negocio y recibió US$40,3 millones de Samsung Heavy Industries para garantizar la contratación.
En una denuncia complementaria, Janot afirmó que Cunha pidió a una ex diputada la presentación de pedidos de investigación parlamentaria contra el astillero, luego que dejó de pagar las cuotas de soborno.
En su voto, el juez Zavascki acogió la denuncia que acusa al presidente de la Cámara de Diputados de presionar a Camargo, a partir de 2010, para que reanude los pagos de soborno interrumpidos.
Cunha enfrenta además un juicio político en la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados por quiebra del decoro parlamentario, tras asegurar a sus colegas que no abrió cuentas bancarias en Suiza, lo que fue desmentido después por las autoridades de ese país.
Una encuesta divulgada este lunes apuntó que 76% de los electores brasileños defienden la renuncia de Cunha.
Eduardo Cunha, opositor del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, autorizó a inicios de diciembre pasado la apertura de un proceso de juicio político contra la mandataria.
Aliados del gobierno alegaron que se trató de una maniobra del presidente de la cámara baja para desviar la atención de las acusaciones de corrupción en su contra.
