El senador Aloysio Nunes, del partido opositor PSDB, también será investigado, dijeron los medios.

Brasilia. La Corte Suprema de Brasil autorizó a fiscales para que investiguen a dos ministros cercanos a la presidenta Dilma Rousseff por supuestamente recibir fondos ilegales para actividad electoral, y uno de los sospechosos se desempeñó como tesorero de la última campaña de la mandataria, según medios locales.

El jefe de Gabinete de Rousseff, Aloizio Mercadante, y el ministro de Comunicaciones Institucionales, Edinho Silva, han sido vinculados al escándalo de corrupción de la estatal Petrobras por uno de los ejecutivos arrestados en el caso, reportaron la cadena Globo TV y el diario Estado de S. Paulo.

El senador Aloysio Nunes, del partido opositor PSDB, también será investigado, dijeron los medios.

Portavoces de la Corte Suprema no estuvieron disponibles de inmediato para comentar los reportes.

El jefe de la firma de construcción UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, dijo en un testimonio que parte del dinero resultante de la sobrevaluación de proyectos de Petrobras fue donado a las campañas de varios políticos, incluyendo a la de Rousseff.

Silva fue tesorero de la campaña de la actual mandataria.

Mercadante y Silva han negado reiteradamente haber cometido delitos. Cuando el testimonio de Pessoa salió a la luz pública en junio, Silva dijo que los 7,5 millones de reales donados por el ejecutivo a la campaña presidencial de Rousseff fueron legales y aprobados por la Suprema Corte Electoral.

El escándalo de Petrobras ha llevado al arresto de decenas de empleados de grupos de presión y ejecutivos de compañías de ingeniería acusadas de formar un cartel para manipular los precios e inflar el valor de contratos con la petrolera estatal, a fin de enriquecerse ellos y a los politicos, en su mayoría miembros del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.

El avance de las investigaciones seguirá perjudicando a Rouseeff, que no está entre las decenas de políticos indagados por recibir sobornos pero que ha sufrido una brusca caída de su popularidad como resultado del escándalo y del estancamiento de la mayor economía de América Latina.

El testimonio de Pessoa también llevó al fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, a pedir a la Corte Suprema autorización para investigar los financiamientos de las campañas presidenciales de Rousseff del 2010 y el 2014.