El tribunal dictó "orden de captura con fines de indagatoria" contra Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", por delitos de "concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes".

Bogotá. La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó este martes una orden de captura contra el congresista y exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", y pedirá a Interpol la circular roja para su detención luego de que no se presentase a una indagatoria en un proceso de narcotráfico.  

El alto tribunal "resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes", señala la orden. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tras lo que consideran una "inasistencia injustificada" a la indagatoria programada por el caso de narcotráfico.

Todo ello "pese a que en un primer escenario procesal el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello se le privilegió su derecho fundamental a la libertad", algo que ahora el alto tribunal revierte por no acudir a la cita.

"Jesús Santrich se ha burlado de la justicia", reaccionó más temprano en Twitter el procurador Fernando Carrillo, jefe del organismo que sanciona a funcionarios públicos, después de confirmarse la inasistencia del excomandante rebelde a la cita judicial.

El también líder del partido surgido de los acuerdos de paz con las FARC abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio, y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero. Santrich debía comparecer ante la Corte Suprema para responder por cargos de narcotráfico que le endilgan en Colombia y Estados Unidos, país que incluso pidió su extradición alegando que el exguerrillero había conspirado para traficar cocaína después de firmar la paz en 2016.

El abogado defensor Gustavo Gallardo dijo que desconoce los motivos de la decisión de su cliente, pero evocó "razones de seguridad" sobre las que no ahondó. "Lo concreto es que el día de hoy (martes) no apareció. Nosotros solicitamos (...) a la sala de instrucción que procediera a reagendar la diligencia de indagatoria, para que en una nueva oportunidad Santrich pueda comparecer", señaló Gallardo a los periodistas.

El parlamentario, quien llegó al Congreso como parte del pacto que terminó con medio siglo de lucha armada de las FARC, también debe acudir a la justicia especial de paz que investiga los peores crímenes cometidos durante el sangriento y prolongado conflicto. Si incumple con esa obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo de paz, que condujo al desarme de unos 7.000 excombatientes.

Por lo pronto, su caso ha dado munición a los críticos de la negociación de paz, empezando por el gobierno, que denuncian la impunidad que rodea supuestamente los compromisos firmados en Cuba bajo la anterior administración.

Decepción por parte de su partido FARC. El incumplimiento de Santrich con la justicia causó malestar en el propio partido FARC que el próximo fin de semana se reunirá para analizar la situación y sopesa la posibilidad de expulsarlo.

"Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy, desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido", expresó la FARC en un comunicado en el que dice que su actitud los "decepciona y lastima profundamente".

Según la FARC, la conducta de Santrich "es únicamente responsabilidad suya que, al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta", ignorando el hecho de que "no solamente es un militante del partido sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros".

"Con independencia de su inocencia o culpabilidad, que sólo la justicia podrá determinar (...) en el caso de Jesús Santrich no se puede negar que los sucesivos fallos de Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado, terminaron por reconocer sus derechos como ciudadano y reincorporado, brindándole todas las garantías para su libertad y defensa", agrega el partido. 

"Esta situación es un mal precedente que afecta la credibilidad del proceso, pero queremos dejar claro que eso no significa que la decisión unilateral que han tomado algunos dirigentes del partido pueda hacer fracasar en ningún momento el mismo", señaló más temprano el ex guerrillero y parlamentario Carlos Lozada.