Con la decisión Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, será investigado y juzgado por la Corte Suprema, el último fallo en medio de una larga disputa judicial sobre su detención y posible extradición.
Bogotá. La Corte Suprema de Colombia ordenó este miércoles dejar en libertad a un líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC acusado de narcotráfico y solicitado en extradición por Estados Unidos, después de que otro tribunal le reconoció su condición de congresista que le da un fuero especial ante la justicia.
Con la decisión Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, será investigado y juzgado por la Corte Suprema, el último fallo en medio de una larga disputa judicial sobre su detención y posible extradición.
El líder de las FARC está detenido en la sede de la Fiscalía General de Bogotá desde hace casi dos semanas después de que, cuando salía de una cárcel, fue recapturado por orden de un juez que tuvo en cuenta nuevas evidencias que presuntamente probarían su responsabilidad en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La decisión del juez se produjo después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, negó la extradición a Estados Unidos de Hernández y ordenó su libertad.
"Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia", dijo la corte en un comunicado.
Las leyes colombianas otorgan una condición especial a los congresistas para que sean investigados y juzgados por la Corte Suprema y no por la Fiscalía General.
El exnegociador en Cuba y líder de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se posesionó como legislador tras su captura en abril de 2018, pero el Consejo de Estado lo reconoció como congresista.
La Fiscalía de Colombia y el Gobierno sostienen que Hernández, de 52 años, negoció el cargamento de cocaína después de la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, por lo que no debe tener los beneficios de la JEP que contemplan la no extradición y penas más benévolas que la justicia ordinaria.
Pero la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que surgió de la otrora guerrilla tras el acuerdo de paz firmado para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, sostiene que se trata de "un montaje".
El acuerdo de paz entregó 10 curules a la FARC en el Congreso hasta el 2026.
El presidente de Colombia, Iván Duque, prometió en la campaña hacer ajustes al acuerdo de paz y en marzo presentó ante el Congreso objeciones a la ley estatutaria de la JEP, pero la Cámara de Representantes las rechazó y el Senado las negó en una votación estrecha y en medio de una polémica jurídica cuya legalidad en el trámite definirá la Corte Constitucional.
Colombia aún está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después del acuerdo de paz y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en la violenta confrontación.
De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno de Colombia ni de Estados Unidos sobre la decisión del tribunal de liberar al exlíder guerrillero.
