El ministerio de Agricultura dijo que "esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, da un espaldarazo a la iniciativa del gobierno colombiano, reconoce y exalta la importancia de la restitución de tierras a las víctimas" del conflicto armado.
Bogotá. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de respaldar la restitución de tierras, da un espaldarazo a la iniciativa del gobierno colombiano y reconoce y exalta la importancia de la restitución de tierras a las víctimas como componente de la reparación integral, y contribuye al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en el ejercicio de sus facultades administrativas y ejecución del Plan de Choque para la restitución de tierras.
En un comunicado, el ministerio de Agricultura indica que el pronunciamiento del alto tribunal, "ayuda a allanar el camino de la restitución de tierras por la vía judicial" y además ayuda al "destrabe el proceso de justicia y paz en la materia".
El informe de prensa de la entidad recuerda que "el pasado 19 de enero, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, profirió sentencia en el marco del proceso de Justicia y Paz, en la cual ordenó al Incoder que, en un término no superior a 30 días, expida las revocatorias de todas las resoluciones irregulares que permitieron la adjudicación de bienes a miembros del grupo paramilitar dirigido por Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, ex Comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
Indica que "los 36 predios rurales sobre los cuales versa la decisión, integran los predios de mayor extensión conocidos como “El Encanto” y “Bejuco Prieto”, ubicados en los municipios de Chibolo y Sabanas de Sal Ángel en el Departamento del Magdalena. Estas parcelas fueron adjudicadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(Incora) en 1991 a campesinos de la región, pero luego, el mismo Instituto aplicó la caducidad de tales adjudicaciones por el abandono de las tierras por parte de los beneficiarios, sin tomar en cuenta que el abandono se debía al desplazamiento forzado al que fueron sometidas estas familias, y posteriormente, de manera irregular, expidió nuevas resoluciones de adjudicación a favor de individuos vinculados a los grupos paramilitares".
"Esta zona del Magdalena fue de pleno dominio paramilitar desde julio de 1997, cuando hombres bajo el mando de “Jorge 40” ordenaron a los campesinos desocupar los predios, ocasionando un desplazamiento masivo de la comunidad. Rodrigo Tovar tuvo injerencia en los departamentos de Cesar, Magdalena, Guajira, Atlántico y Santander. Se caracterizó por la comisión de numerosos crímenes como homicidios y desapariciones forzadas, y por la alianza y concierto ilegales con funcionarios de diversas instituciones y dirigentes de la clase política de la región", dice el informe.
Recuerda el comunicado de prensa que "en el desarrollo de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de Colombia, desde el año 2006 se descubrió una serie de documentación de alias “Jorge 40”, en donde se demostraba que el paramilitar había ordenado a funcionarios del Incoder que realizarán las “legalizaciones” de estas tierras".
"En buena hora fue proferida esta importante decisión judicial, pues ratifica el compromiso del gobierno con el proceso de restitución de tierras a las víctimas en Colombia, y confluye con los esfuerzos que desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con el Incoder, se vienen haciendo en el marco del Plan de Choque para la restitución y formalización de tierras", precisa el informe de prensa.
Dice el comunicado que "el Plan de Choque es una estrategia que se viene ejecutando desde el 15 de octubre del año 2010, en la cual, el Incoder está aplicando las facultades que tiene para restituir tierras a favor de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo. Junto con los casos de los predios “El Encanto” y “Bejuco Prieto”, hay 170 más sobre los cuales se están adelantando procedimientos administrativos, para beneficiar a un total de 437 familias".
Considera el informe que "la política de restitución de tierras del Ejecutivo colombiano, pretende saldar una deuda que tiene el país con los cerca de 460.000 hogares campesinos que fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Busca que las víctimas puedan contar con mecanismos efectivos para el restablecimiento de sus derechos sobre la tierra, en articulación con otras políticas, especialmente de seguridad, retorno y de desarrollo rural, buscando el goce efectivo de los derechos y la reconstrucción de sus proyectos de vida".
"Es un propósito nacional, y un clamor generalizado el que hay en torno a la restitución de tierras a las víctimas, tanto así, que ya fue aprobado en segundo debate por parte de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley No. 107 de 2010 , que incorpora el capítulo de restitución de tierras presentado por el Ministerio de Agricultura. Se espera que durante la primera legislatura del 2011, este proyecto de Ley sea una realidad tras su aprobación en el Senado", destaca el estudio.
Considera el ministerio de Agricultura que "esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, da un espaldarazo a la iniciativa del gobierno colombiano, reconoce y exalta la importancia de la restitución de tierras a las víctimas como componente de la reparación integral, y ayuda al Incoder en el ejercicio de sus facultades administrativas y ejecución del Plan de Choque para la restitución".
Dice el informe "que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, ayude a allanar el camino de la restitución de tierras por la vía judicial, que destrabe el proceso de justicia y paz en la materia, y que dé nuevas luces a todas las instituciones para que tengan la iniciativa de gestionar y realizar acciones para la consecución de la restitución de todos los colombianos afectados por el conflicto".
Indica el informe que el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, harán la entrega de las tierras a las familias beneficiadas con la restitución en el municipio de Chibolo.
