Tras romper el poder de más de tres décadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN), Solís prometió que la administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) ejercería una "nueva forma de gobernar" y aplicaría cambios sustanciales.
San José. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se ha enfrentado en los primeros meses de su mandato cifras económicas poco alentadoras, huelgas de educadores y trabajadores portuarios y una dura oposición en el Congreso, lo que dificulta el cumplimiento de su promesa de un gobierno de "cambio".
Tras romper el poder de más de tres décadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN), Solís prometió que la administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) ejercería una "nueva forma de gobernar" y aplicaría cambios sustanciales.
Después de asumir su cargo el 8 de mayo, Solís comenzó a enviar señales simbólicas de cambio como el izado de la bandera gay en la Casa Presidencial y la decisión de no colocar su nombre en obras públicas, entre otras.
Sin embargo, el gobierno se ha enfrentado a muchas dificultades para aplicar cambios sustanciales en el país y ha recibido críticas fuertes por parte de la oposición y la ciudadanía, ante lo que el presidente ha pedido "paciencia".
Solís comenzó su mandato con una huelga de maestros, que duró un mes, motivada por un desorden administrativo que venía del gobierno anterior y que provocaba atrasos en los salarios de los educadores.
La segunda huelga que enfrentó, en octubre, fue la de los trabajadores de los dos puertos del Caribe, Moín y Limón, los más importantes del país.
Los sindicalistas exigían cambios en un contrato con la empresa holandesa APM Terminals, pues consideran que le otorga a esa compañía un monopolio ilegal en la carga y descarga de contenedores.
Solís envió a la policía a tomar el control de los puertos el mismo día que comenzó el movimiento y tras dos semanas el sindicato terminó la huelga, sin que el gobierno cediera.
La acción del gobierno en esta huelga le hizo acreedor de elogios por parte de sectores empresariales, con los cuales no ha tenido una relación demasiado buena debido a diferencias en materia económica.
El mayor inconveniente para Solís ha sido el Presupuesto del 2015 por US$14.500 millones, el cual es 19,7% superior al del 2014.
En época de cifras fiscales poco alentadoras, con un déficit proyectado en cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2014, el incremento del presupuesto no cayó nada bien en la oposición y los sectores empresariales.
La situación empeoró cuando el presidente del Congreso, el oficialista Henry Mora, dio por aprobado el Presupuesto 2015 pese a que fue rechazado con 26 votos en contra y 25 a favor.
Según Mora, el reglamento no permite que un presupuesto sea rechazado.
La oposición aseguró que no apoyará los proyectos que Solís envíe al Congreso relacionados a reformas tributarias, ya que no ha dado muestras de "austeridad" y del "cambio" que prometió en la reducción del gasto.
El mandatario planea implementar la renta mundial y transformar el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado que se incremente paulatinamente hasta alcanzar el 15% en 2017, todo con el fin de reducir el déficit.
El desempeño de la economía, a lo que se suma el cierre de la planta de manufactura de Intel, ha afectado la confianza del consumidor, que cayó a 40,8 puntos, en una escala en la que 100 es la mayor confianza.
Además, la encuesta de confianza del consumidor de noviembre reveló que 51,8 % considera que el gobierno está haciendo un "trabajo pobre" en política económica, 11% respondió que hace un "buen trabajo" y 30,5% indicó que "hace lo necesario".
En el sector empresarial el asunto es similar, pues el Índice Empresarial de Confianza en la economía se ubicó en noviembre en 5,9 puntos de un máximo de 10 puntos, lo que el sector atribuye a altos costos de producción y desarticulación del gobierno para mejorar el clima de negocios.
Uno de los principales logros de Solís ha sido la renegociación con China de dos proyectos de infraestructura en el Caribe: una carretera de US$400 millones y una refinería de US$1.300 millones.
Entre otras iniciativas que ha anunciado el presidente están varias para generar empleo y un sistema para identificar de forma más precisa las personas pobres y canalizar los recursos de programas sociales eficientemente.
Además, presentó en noviembre el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el que se propone alcanzar un crecimiento económico anual del 6%, reducir el desempleo del 8,6% actual al 7% al año 2018, y sacar de la pobreza extrema a unas 42.000 familias, equivalentes a las dos terceras partes de la gente en esa condición.
Con solo 13 diputados de los 57 que integran el Congreso, para llevar adelante sus proyectos, el oficialista PAC está obligado a establecer alianzas con partidos afines y con la fuerte oposición que enfrenta.
