Además del gasto de los gobiernos para mantener la ley y el orden, a esta cifra se suman elementos como la pérdida de productividad por el crimen y la dificultad para crear empleos en condiciones adversas de criminalidad, entre otros.

La violencia en México tiene un impacto económico de US$334.000 millones, desde el 2006 a la actulidad, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Esto es el doble del presupuesto asignado en el país para áreas sociales como salud y educación.

“Este costo se compone del gasto que erogan los gobiernos para mantener la ley y el orden a través de la policía, el sistema judicial y el penitenciario; la pérdida de productividad por el crimen, por la dificultad para crear empleos bajo condiciones adversas de criminalidad, así como por la reasignación del gasto que deja de invertirse en infraestructura, en la industria y en educación”, cita un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Titulado “Índice sobre la paz global y en México”, el estudio, que estuvo a cargo de Gabriel Fernández Espejel, con base en el reporte 2014 del citado organismo internacional, consigna que “México continúa en una espiral de violencia, que tiene su origen en la guerra contra el narcotráfico que inició durante la pasada administración, situación que ha llevado al país a tener un aumento en el número de fuerzas de seguridad sin un impacto positivo en el número de crímenes que se cometen”.

El Instituto para la Economía y la Paz, refiere el análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, ubica a México entre los 10 países con mayor retroceso en su Índice de Paz Global (IPG), con una pérdida de 18% del 2008 al 2014.

“La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) reconoce, por su parte, que las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en México se triplicaron desde el comienzo de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’”, amplía el estudio.

Si bien el reporte del IEP menciona en su Índice de Paz Global la intención de las autoridades de reemplazar paulatinamente las fuerzas militares por la Gendarmería nacional, agrega Fernández Espejel en su trabajo, el organismo internacional advierte “que debido a que la estrategia central de seguridad es la misma, anticipa pocos avances en favor de la paz a raíz de este cambio”.

Precisa, además, que entre las barreras que enfrenta el país para el logro de la paz se encuentra el débil arreglo institucional, que diluye la efectividad de la política anticrimen.

“Debilidad que (el Instituto para la Economía y la Paz) entiende, básicamente, por la falta de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, así como por la divergencia en las capacidades de las personas que integran las instituciones que hacen frente a la violencia en los tres órdenes de gobierno”, concluye.