"No puedo permanecer callado ante decisiones que nos hacen pensar que se estaría allanando el camino hacia la impunidad en los casos de corrupción", dijo el presidente Juan Carlos Varela.

Panamá. La polémica judicial se reactivó esta semana por las declaraciones de la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, sobre la supuesta negativa por parte de un juzgado para "adecuar los plazos" y que la fiscalía especial anticorrupción pueda seguir las investigaciones sobre los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Las presidentas de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces (Aspmaj), Delia Carrizo; de la Asociación de Magistradas y Juezas del Organo Judicial de Panamá (Amajup), Ruby Ibarras; y de la Asociación Nacional de Defensores Públicos (Andep), Matilde Alvarenga, pidieron el viernes respeto al principio de separación de poderes en Panamá, el cual caracteriza al Estado democrático de derecho, señalaron.

En su comunicado, y luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, se pronunció la víspera sobre el tema, exigen respeto a las decisiones judiciales. Además, "deploran la incitación al desorden y al desconcierto, como fórmulas para revertir resoluciones emanadas de los juzgadores".

En un mensaje a la nación ofrecido en la víspera, el gobernante panameño dijo que por 40 meses su administración ha librado una batalla frontal contra la corrupción y por la recuperación del patrimonio usurpado, y aseguró que se ha tenido éxito recuperando cientos de millones de dólares que han sido usados en beneficio del pueblo.

"Como presidente de la República soy respetuoso de la separación de los poderes y del debido proceso. Sin embargo, como panameño no puedo permanecer callado ante decisiones que nos hacen pensar que se estaría allanando el camino hacia la impunidad en los casos de corrupción",  agregó.

Señaló enseguida que "los esfuerzos porque se haga justicia y se conozca la verdad tienen que concluir con la recuperación del dinero que le fue hurtado al pueblo, y que quienes se equivocaron deben aceptar sus faltas y resarcir el daño causado devolviendo a los panameños lo que les pertenece".

Apuntó que las investigaciones deben continuar con el respaldo de todos los panameños. "La lucha contra la corrupción no puede detenerse; el pueblo tiene el derecho a la verdad", añadió y apuntó que "intereses ajenos a los del Estado no deben desviar la acción de la justicia que reclama el pueblo panameño".