En el país existen 57 focos de conflictividad, según el mapa diseñado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Solamente en el norte de Huehuetenango hay 17 y siete se encuentran en el departamento de Guatemala.

“No toda la conflictividad aparece en el mapa. Queremos identificar la que detona una serie de situaciones que generan ingobernabilidad en el país”, explicó Mario Minera, director de mediación de la PDH.

El mapa no refleja el número de veces que se repite un conflicto, “solo el de aquellos cuya detonación produce situaciones de ingobernabilidad”, agregó Minera.

En esencia, se trata de conflictos por licencias de exploración y explotación, extracción minera y construcción de hidroeléctricas, o de transporte.

Según Minera, el proyecto en sí no es el que origina el conflicto. Es la falta de información su primera causa.

Un segundo factor es la falta de elementos de las consultas previas y la sola probabilidad de una negativa a la autorización de nuevas consultas es capaz de causar un enfrentamiento.

La ausencia de diálogos que se dirijan a la atención de los efectos de proyectos de este tipo se sitúa como la tercera de las razones.

Un cuarto ingrediente en este coctel de conflictividad es la falta de percepción de los beneficios.

“Uno de los mayores reclamos al Estado, en especial al Organismo Ejecutivo, es la limitada información”, según el Informe Anual Circunstanciado de la Situación de Derechos Humanos del 2013, de la PDH.

En el departamento de Guatemala se encuentran siete puntos conflictivos.

Además, el informe cita como ejemplos los focos de tensión desatados por la política extractiva en el norte de Huehuetenango y en el centro y norte de Quiché; la exploración de oro y plata en la franja montañosa del occidente al centro del país, y la explotación del petróleo en el sur de Petén y en Ixcán, Quiché.

El documento destaca la importancia de avanzar en la discusión de una ley nueva de minería.

Chispa de energía. Por si fuera poco, la generación de energía eléctrica es otro gran foco de conflictividad.

Según el mapa diseñado por la PDH, esos puntos neurálgicos están en las hidroeléctricas Renace 1 y 2, en Alta Verapaz y Santa Rita; y Sulín, en Baja Verapaz.

Xalalá ha provocado disputas en las comunidades de Quiché y Alta Verapaz. La hidroeléctrica Cambalam 1 y 2, en Huehuetenango, y Chixoy, entre las Verapaces y Quiché.

En el caso de Xalalá, el gigantesco embalse desplazará a más de 50 comunidades y se desconoce en dónde serían reasentadas.

La región de las Verapaces, en palabras simples, es un catálogo de esas situaciones que pueden desatar un conflicto. Allí existen licencias de exploración y explotación a granel; hay hidroeléctricas o proyectos autorizados para construirlas. Se tienen 17 focos de tensión identificados.

En huehuetenango. Solo en la región norte de Huehuetenango se encuentran otros 17 puntos de conflicto. Además de las dificultades que afrontan con la explotación de recursos naturales, existen de otra naturaleza y lleva mucho tiempo resolverlos.

Cuando el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Julio López Villatoro fue gobernador de Huehuetenango, expuso que a los vecinos de dos aldeas de Todos Santos Cuchumatán y Chiantla les tomó 129 años ponerse de acuerdo acerca de sus límites territoriales.

La región, dijo, está aquejada por conflictos políticos, étnicos, agrarios y territoriales originados por la falta de catastro, y lidia todavía con los resabios del conflicto armado interno.

Pero la conflictividad generada por el narcotráfico es sin duda la más seria, afirmó. “En La Democracia —Huehuetenango— hay muchos asesinatos en donde no participa el Ministerio Público porque se llevan los cadáveres. La tensión está latente”, agregó.

Los limitados espacios de interlocución institucionales, el estigma y rechazo a las demandas sociales y la criminalización de las protestas también son detonantes, destaca el informe.

Los ejemplos abundan en el documento, entre ellos, la resistencia pacífica de La Puya, como se le conoce a la oposición a la mina El Tambor, entre San José del Golfo, Guatemala, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, cuyas protestas han sido respondidas con uso de la fuerza, al igual que en Barillas, Huehuetenango.

Empresarios

Hay maniobras

“Existe falta de información y una gran dosis de desinformación”, opina Javier Zepeda, de la Cámara de Industria.

Hay algunos intentos de empresas de abrir el diálogo, pero algunos “han convertido el tema en algo político o en una bandera para hacer de la conflictividad una forma de vida”, agregó.

Gobierno

Existen coincidencias

“Tenemos coincidencias en varios de los puntos de conflictividad”, afirmó Miguel Ángel Balcárcel, coordinador de la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo. Hay desinformación, expresó. Otro punto difícil son las consultas; el país no cuenta con ese mecanismo. El Gobierno debe ser más activo al otorgar licencias.

Campesinos

Sin respeto por visión

“El Estado coloca a las empresas extractivas como el foco de desarrollo”, dice Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina. “No han tomado en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, centrados en el respeto a las fuentes de vida”, además del uso reducido de convenios internacionales.