En la capital Managua, estudiantes tomaron la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y se enfrentaban con piedras y bombas molotov con la policía antimotines, que buscaba recuperar la sede de la principal casa de estudios del país con bombas lacrimógenas y balas de goma, dijeron testigos de Reuters.
Managua. Miles de personas protestaban este jueves por segundo día consecutivo en la capital de Nicaragua y otras ciudades del país, en rechazo a una polémica reforma a la seguridad social que aumentará el aporte de trabajadores y empleadores y reducirá las futuras pensiones.
En la capital Managua, estudiantes tomaron la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y se enfrentaban con piedras y bombas molotov con la policía antimotines, que buscaba recuperar la sede de la principal casa de estudios del país con bombas lacrimógenas y balas de goma, dijeron testigos de Reuters.
La protesta fue mayor que la del miércoles, ya que a los jubilados se unieron empresarios y universitarios en varias ciudades.
La vicepresidenta del país y esposa del mandatario Daniel Ortega, Rosario Murillo, justificó la represión contra "minúsculos grupos" como legítima defensa.
En Masaya, ciudad bastión del movimiento sandinista que llevó a Ortega a la presidencia, también se producían enfrentamientos y un centenar de personas que marchaba fue agredido con palos por partidarios del gobierno, dejando algunos heridos.
La señal de la televisora local "100% Noticias", que transmitía en vivo las protestas, fue cortada abruptamente momentos después. La empresa calificó la medida como "arbitraria e ilegal" en su cuenta de Twitter.
"Estamos a merced de los antimotines ¿Cómo es posible que estén atacando una casa de estudios?", se preguntó Luis Palmaceda, profesor de la Universidad Nacional Agraria (UNA), otra de las universidades donde se producían enfrentamientos.
Los manifestantes rechazan el aumento del monto de las cotizaciones al seguro social y también que los jubilados tendrán que realizar un aporte. El gobierno de Ortega, quien sirve su tercer mandato consecutivo, dijo que el objeto de la medida es sanear las finanzas del Instituto de Seguridad Social (INSS) que acumula varios años de déficit.
Con las nuevas medidas, los empleados pasarán a aportar un siete por ciento de su salario al seguro desde el actual 6,25 por ciento; los empleadores pasarán a pagar un 22,5 por ciento de su remuneración desde el 19 por ciento actual. Los jubilados tendrán que contribuir con el cinco por ciento del monto que reciben como pensión de retiro.
El presidente del INSS, Roberto López, justificó que la medida es necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por un período de 10 años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.
