La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció la existencia de al menos dos fosas comunes en el departamento de Carazo (costa pacífica) en las que simpatizantes del gobierno de Ortega habrían ocultado cadáveres de ciudadanos asesinados durante las protestas.
Managua. La crisis en Nicaragua, que suma casi tres meses, ha dejado 351 muertos y 2.100 heridos, según un reporte de la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que denuncia fosas comunes.
Así lo indicó en rueda de prensa el director de la ANPDH, Alvaro Leiva, quien advirtió que la gran mayoría de las víctimas eran manifestantes civiles que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Por otra parte, la misma Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció la existencia de al menos dos fosas comunes en el departamento de Carazo (costa pacífica) en las que simpatizantes del gobierno de Ortega han ocultado cadáveres de ciudadanos asesinados durante las protestas contra el mandatario.
En un informe leído en una rueda de prensa por el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, la asociación detalló que han tenido conocimiento de esas dos fosas gracias a "la denuncia de la ciudadanía de Carazo", ubicado en la zona central del Pacífico nicaragüense.
Fosas cerca de estadios de Jinotepe y Diriamba. Posteriormente y al ser preguntado sobre el caso, Leiva especificó que las dos fosas se encuentran junto a los estadios de Jinotepe, cabecera departamental, y de Diriamba, donde se ha producido una fuerte represión desde el pasado domingo contra los manifestantes opositores.
Según detalló el secretario de la ANPDH, esas dos ciudades "estuvieron fuertemente bajo ataque" y en este momento están en un "proceso de investigación y monitoreo" en el que tienen "grandes limitaciones".
En total, 351 manifestantes han fallecido en las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 18 de abril que exigen la renuncia del presidente Ortega, según la ANPDH.
Las protestas comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
