Perú es -cualquier otro país de Latinoamérica- un régimen presidencialista, con la salvedad de contar con un sistema unicameral, que en la práctica otorga mucho más poder al Congreso. Desde el año 2000, ninguno de los Presidentes ha contado con más del 40% de los escaños, por lo que lograr mayorías se ha convertido en una tarea muy complicada.
El nombramiento de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino de Perú le convierte en el cuarto inquilino de la Casa de Pizarro en tan solo cuatro años, confirmando así que el país andino vive una de las historias recientes de mayor inestabilidad política de la región.
Los últimos seis presidentes de Perú, salvo el interino, el ya fallecido Valentín Paniagua, quien asumió el cargo tan solo ocho meses, después de la moción de censura contra Alberto Fujimori en el año 2000, y el recién dimitido Manuel Moreno han estado envueltos en varios casos de corrupción, todos ellos relacionados de una u otra forma con la red de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht ha tejido en el continente.
El reciente cese del expresidente Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre por parte del Congreso se produjo después de varios intentos en poco más de un año. En esta última ocasión 105 diputados votaron a favor de su "incapacidad moral" para ejercer el cargo, tras ser acusado de haber recibido sobornos valorados en unos US$600.000 a cambio de contratos públicos cuando era gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
Vizcarra, que todavía no ha sido imputado por estos supuestos delitos, accedió a la Presidencia en 2018 después de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, quien presentó su renuncia mientras el Congreso se preparaba para votar por segunda vez una moción de censura en su contra, también por delitos de corrupción.
Desde entonces, Vizcarra ha tenido que hacer frente a un Congreso con muchos enemigos, en el que no cuenta siquiera con bancada propia, después de que el partido por el que se presentó con Kuczynski, Peruanos por el Cambio (PPK) se disolviera con la renuncia de éste.
En 2019, y ante las dificultades para gobernar, Vizcarra denunció un supuesto sabotaje en su contra, promovió la disolución del Congreso y convocó elecciones parlamentarias para enero de 2020.
Si bien los comicios supusieron un duro golpe para la opositora Fuerza Popular y el resto de fujimoristas, la Cámara quedó muy fraccionada, con la presencia de mayoría de partidos conservadores y con la situación del expresidente sin cambios significativos.
Segunda vacancia y llegada de Merino. Tras la salida de Vizcarra, la llegada de Manuel Merino a la Presidencia fue recibida con fuertes protestas en varias ciudades del país, en especial en Lima, donde se produjeron multitudinarias manifestaciones no ya en apoyo del destituido Vizcarra, sino en contra de las maniobras del Congreso, tal y como se encargaron de destacar los miles de peruanos que durante toda la semana se movilizaron.
La muerte de dos manifestantes y el centenar de heridos que se registraron el sábado a consecuencia de la violencia policial ejercida durante las protestas fueron el detonante de la renuncia presentada por Merino, quien había llegado al cargo en su calidad de presidente del Congreso, tras haber logrado un escaño en las parlamentarias de 2020 por el departamento de Tumbes al conseguir 5.271 votos, o lo que es lo mismo, el 0,02% de la población peruana.
Merino logró acceder finalmente la Presidencia después de la fallida vacancia presidencial contra Vizcarra el pasado mes de septiembre, cuando se le acusó de tráfico de influencias al participar en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros, un supuesto amigo del expresidente.
La figura jurídica de la vacancia presidencial se ha convertido en una herramienta recurrente dentro del Congreso, debido a la facilidad con la que puede solicitarse, ya que tan sólo se necesita el apoyo del 20% de los parlamentarios. Con el 40%, 52 diputados, esta propuesta de moción de censura se admite a trámite, y finalmente, se aprueba con el 66% del Congreso a favor, lo que significa 87 parlamentarios de los 130 que conforman el pleno.
Poder del Congreso. Como cualquier otro país de Latinoamérica, Perú es también un régimen presidencialista, con la salvedad, que comparte con Venezuela y Ecuador, de contar con un sistema unicameral, que en la práctica otorga mucho más poder al Congreso, pues las decisiones que se toman en sede parlamentaria no pasan posteriormente por el control del Senado.
Esta peculiaridad con respecto al resto de vecinos de la región provoca que en muchas ocasiones durante las últimas dos décadas los presidentes peruanos tengan que lidiar con una ingobernabilidad, fruto de un Congreso muy fraccionado. Desde el año 2000, ninguno de ellos ha contado con más del 40% de los escaños, por lo que lograr mayorías se ha convertido en una tarea muy complicada.
Tanto es así que esta situación ha propiciado no pocos escándalos políticos, sobre todo en forma de compra de votos, como la que supuestamente habría llevado a cabo Kuczynski para evitar su destitución por parte del Congreso.
El actual Congreso, fruto de unas elecciones parlamentarias en las que unos diez millones de electores peruanos prefirieron no acudir a las urnas o bien hacerlo pero votando en blanco, cuenta con la presencia de nueve fuerzas políticas, siendo Acción Popular, el partido de Merino, el que mayor representación tiene, con tan sólo 24 escaños.
De Casa Pizarro a la cárcel. El primero que inicia esta 'tradición' es Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como consecuencia de las masacres de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, un año más tarde.
En el año 2000, acosado por varios escándalos de corrupción fue destituido por el Congreso, mientras se encontraba en Japón para evitar a la Justicia, aprovechando su doble nacionalidad. Cinco años más tarde fue detenido aprovechando su presencia en Chile.
El siguiente de la lista es Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de haber recibido US$20 millones de Odebrecht, se encuentra detenido en Estados Unidos, a la espera de su extradición. La Justicia peruana le imputa varios delitos, entre ellos el de tráfico de influencias y lavado de dinero.
Alan García, quien asumió la Presidencia en 2006, aunque ostentó el cargo en el mandato anterior a la llegada de Fujimori, acabó suicidándose en abril de 2019, cuando iba a ser arrestado por el caso Odebrecht.
Le siguió Ollanta Humala, quien se encuentra actualmente en libertad condicional, después de pasar un año entre rejas, acusado de lavado de dinero por el equipo especial Lava Jato, encargado de las investigaciones contra la red de corrupción diseñada por la constructora brasileña en Perú.
Por último, los escándalos de corrupción de Kuczynski le acarrearon una condena de 36 meses de prisión preventiva, que actualmente cumple en su domicilio de Lima.
