La Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que hay 167 presos político en el país, lo que significa la cifra más baja en 51 años.
La Habana. La cifra de presos políticos en Cuba cayó a 167 en el primer semestre de 2010, la más baja desde la revolución de Fidel Castro hace medio siglo, debido a un cambio de estrategia de las autoridades comunistas de la isla, dijo este lunes un grupo de derechos humanos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos había reportado 201 presos políticos al cierre de 2009.
"Esta es la cifra más baja en 51 años", dijo el líder del grupo, Elizardo Sánchez.
"Esto tiene que ver con una política deliberada del Gobierno de Cuba de evitar el aumento en el número de los presos políticos", añadió.
La Comisión dijo en un informe divulgado este lunes que pese a la caída en el número de presos, el Gobierno viola los derechos civiles, políticos y económicos de los cubanos.
Cuba considera a los disidentes "mercenarios" a sueldo de su enemigo Estados Unidos.
Las autoridades cubanas fueron blanco de duras críticas internacionales tras la muerte en febrero del preso Orlando Zapata, después de 85 días en huelga de hambre para reclamar mejores condiciones de detención.
La situación podría repetirse si muere el disidente Guillermo Fariñas, cuya salud está seriamente deteriorada tras cuatro meses en huelga de hambre para exigir la liberación de presos enfermos.
El Gobierno advirtió este fin de semana que sus médicos están agotando los recursos para mantenerlo con vida.
El presidente Raúl Castro entabló en mayo conversaciones sobre los presos políticos con la Iglesia Católica, que condujeron hasta ahora a la excarcelación de un opositor en silla de ruedas y a discretas mejoras en las condiciones de otros 12.
La Iglesia dice que espera nuevas liberaciones.
Sánchez, de la Comisión, dijo que el Gobierno parece haber tomado la decisión de excarcelar a un número significativo de presos políticos.
El informe fue divulgado horas antes de la llegada a Cuba del canciller español, Miguel Ángel Moratinos, para apoyar las conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia e intentar acelerar las excarcelaciones.
