La reforma migratoria en Cuba entrará en vigencia este lunes, en medio de una gran expectativa tanto entre los habitantes de la isla como en los posibles destinos, en especial en Estados Unidos.

La eliminación de las restricciones para salir del país era la reforma más esperada por los cubanos desde que el gobierno del presidente Raúl Castro comenzó con los cambios paulatinos, como las medidas económicas para hacer más competitiva la economía y recortar los empleos públicos o la liberación de disidentes presos.

La reforma migratoria, anunciada el 16 de octubre, elimina el permiso de salida, conocido como tarjeta blanca, y la carta de invitación que necesitaban los cubanos para viajar al exterior, y amplía de 11 a 24 meses el permiso de estancia legal en el extranjero para no perder bienes en la isla y la posibilidad de retorno.

Si bien la nueva normativa permitirá viajar a todos los que obtengan pasaporte y visa del país de destino, las expectativas de algunos cubanos están limitadas, ya que al anunciar la reforma, el gobierno de Castro aclaró que se tomarán medidas “para preservar el capital humano creado por la Revolución”.

Entre las excepciones que implica la nueva Ley de Migración, figuran razones de “interés público” o de “defensa” y “seguridad nacional”.

Los posibles “filtros” fueron interpretados sobre todo en relación con el alto número de médicos que tiene Cuba, así como con los deportistas.

La entrada en vigencia de la Ley de Migración es esperada también con ansiedad en Estados Unidos, ya que miles de cubanos tienen parientes allí, donde vive 85% de los dos millones de emigrados de la isla, concentrados sobre todo en Miami.

La reforma permitirá también el regreso temporal de emigrantes que salieron ilegalmente de la isla a partir de 1994, quienes podrán visitar Cuba transcurrido un plazo de ocho años tras su salida.

Las autoridades cubanas informaron la semana pasada, a través de los medios oficiales, que la isla está preparada para la entrada en vigencia de la reforma, para lo cual dispusieron 195 oficinas en todo el país para el trámite de pasaportes, que pasará a costar de 55 a 100 pesos convertibles, la segunda moneda oficial, equiparable al dólar estadounidense.