El Defensor del Pueblo y la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos plantearon la posibilidad de hacer un referéndum sobre la obligatoriedad del servicio.

La Paz. Tras conocerse la tortura que sufrió un soldado del Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos de Challapata en Bolivia, el Defensor del Pueblo y la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos sugirieron un referéndum sobre la obligatoriedad o no del servicio militar prevista en la Constitución.

“Eso habría que someterlo a una consulta, sería interesante que el tema se someta a un referéndum”, señaló el defensor del Pueblo, Rolando Villena, luego de informar que su despacho participa en la investigación de la tortura que tuvo lugar en 2009.

Imágenes grabadas ese año y difundidas por televisión en esta semana, muestran a cuatro instructores que castigan a un conscripto, quien fue identificado como Guido Álvaro Cortez López, según informó el defensor del Pueblo de Oruro, Marco Rivero. Ese conscripto actualmente tendría 19 años, según el representante.

En la misma línea del Defensor, Nicasio Cruz, secretario de la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos de Bolivia (Apacobol), dijo que los “abusos y torturas” practicados en los cuarteles ameritan un referéndum para que “el pueblo decida si el servicio militar tiene que ser obligatorio”.

Cruz adelantó que al interior de su organización existen padres de familia que sugirieron “sacar a sus hijos de los cuarteles”. Asimismo, anunció una marcha de protesta para la próxima semana en la ciudad de La Paz.

Al referirse a este tema, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, recordó que el Servicio Militar Obligatorio se encuentra contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE) y para reformularlo existen pasos establecidos en la misma Carta Magna.

“Si se pretende modificar este precepto constitucional, se tendrá que recurrir a los mecanismos que la propia Constitución establece; quien así lo quiera, tendrá que formalizar su petición ante las instancias competentes”, indicó Saavedra. El artículo 249 de la CPE establece que: “todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la ley”.

La familia de Guido Álvaro Cortez habría presentado el 7 de febrero de este año una denuncia contra el teniente Henry Rojas Catacora, quien sería el responsable del castigo en contra del entonces conscripto.

El teniente coronel Wilson Mercado, actual comandante del regimiento donde tuvo lugar la tortura, dijo este martes que se inició un sumario informativo para esclarecer los hechos contra Cortez. Añadió que la materia de Prisionero de Guerra se anuló hace cinco años, aunque en las imágenes se ve el castigo al soldado y no una instrucción de ese curso.

El presidente Evo Morales condenó el hecho el martes y adelantó duras sanciones para los autores en la justicia ordinaria. Este miércoles, en la misma línea, el vicepresidente Álvaro García dijo que “la tortura no es enseñanza militar; otra cosa muy distinta son las enseñanzas, los procedimientos y el aprendizaje del profesional militar”.

El ministro Saavedra sostuvo que la tortura es un delito de lesa humanidad que se debe juzgar por la vía ordinaria. Añadió que el sumario informativo tomará 10 días computables desde el martes 28 de septiembre.

Asambleístas oficialistas y opositores anunciaron que solicitarán un informe sobre este tema al ministerio de Defensa y al Comando de Ejército.

El ministro y su libreta. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reveló que tiene una libreta de servicio militar auxiliar. “Yo me presenté al servicio militar en Guaqui. Bueno, yo realmente no presté el servicio militar, me presenté y me otorgaron la libreta auxiliar”, indicó Saavedra. El senador Adolfo Mendoza (MAS) adelantó que la comisión que preside prevé la elaboración de un proyecto de Ley Marco de Seguridad del Estado para realizar una reforma institucional de las FFAA.

Fiscal inicia investigación en el caso de tortura. El fiscal general Mario Uribe instruyó este miércoles el inicio de una investigación penal de oficio por los delitos de vejaciones y torturas en contra de los responsables de la agresión al soldado del Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos de Challapata. La acción fue iniciada por la fiscal de Recursos, Miriam Arancibia, quien pidió informes al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El instructivo emitido este miércoles por Uribe señala que este tipo de hechos se configuran en delitos, por lo que corresponde la intervención del Ministerio Público. Se hizo referencia al artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) que estipula: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…”.

Demandas. En Sucre se informó que la fiscal Arancibia solicitó la Orden de Destinos 2009 y la lista de conscriptos de los escalones uno y dos al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y al ministerio de Defensa. Con esa información quiere identificar a los autores y a la víctima de la tortura.

Además, se informó que Arancibia pidió una copia original del video a la red Unitel, para que la misma se constituya en prueba.

Uribe hizo referencia al artículo 114 de la Carta Magna que ordena: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”. También apeló al Código Penal, que en su artículo 295 se refiere a vejaciones y torturas, que establece que “será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido”.

“La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años. Si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas (…). Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años”, añade.