El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal cuestionó el propósito de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y salió a defender al ejército mexicano, al que calificó de "inocente" en los hechos.

El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal cuestionó en duros términos la línea de investigación del grupo de expertos de la CIDH en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, y defendió al Ejército mexicano, al que tildó de "inocente".

El propósito de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es "que los responsables de esta matanza, en su gran mayoría ya presos, queden impunes y en cambio se castigue a inocentes, específicamente a integrantes del Ejército", denunció el presidente de la ONG, José Antonio Ortega.

Los especialistas quieren "mantener en la oscuridad" el motivo por el que los jóvenes viajaron el 26 de septiembre de 2014 al municipio de Iguala, dijo en rueda de prensa en un hotel capitalino, a donde llegó un grupo de manifestantes para criticar la "manipulación" informativa.

Aquel día, decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías en Iguala.

En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.

Sin embargo, los expertos de la CIDH concluyeron en un informe presentado en septiembre pasado que no había pruebas científicas que confirmaran que los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, pidieron continuar la búsqueda y abrir nuevas líneas de investigación, incluida una relacionada con un autobús cargado de droga oculta.

Además, denunció trabas para entrevistar a los militares del 27 batallón de Iguala, una exigencia de los familiares de los jóvenes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) "desestima las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos" sobre el móvil del crimen, cuando "consideraron la presencia de los normalistas como parte de una 'invasión' o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival", señaló Ortega.

Para la ONG, la relación con el crimen organizado de los alumnos de Ayotzinapa quedó probada tras la filtración de una supuesta conversación entre el vocero estudiantil Omar García y un compañero la pasada semana, en la que el primero confirmaría la infiltración de la banda Los Rojos en la escuela.

Tras la filtración, García aseguró que la llamada fue "sacada de contexto", mientras que el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Omar Betanzos, reiteró que no existen pruebas que relacionen a los estudiantes de Ayotzinapa con ningún cartel.

No obstante, Ortega opinó que es una muestra más de que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una organización guerrillera, "siempre ha controlado y controla" Ayotzinapa.

El GIEI explicó que no emitirá respuesta alguna a estas consideraciones, y que su misión es "seguir trabajando".