La ”masacre de Curuguaty“, ocurrida en 2012, propició la caída del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay. El juicio contra 12 campesinos “sin tierra”, que debía comenzar en noviembre, fue pospuesto para junio de 2015.

El caso parece una película de suspenso. El 15 de junio de 2012, la policía desalojó una toma de tierras en Marina Kue, en la provincia de Curuguaty, en el norte de Paraguay. En la operación resultaron muertas 17 personas: once campesinos y seis policías. Las circunstancias son hasta hoy objeto de polémica.

El conservador Partido Colorado acusó a Fernando Lugo de incompetencia y puso en marcha un proceso de destitución contra el presidente liberal. Algunos dicen que fue un pretexto para derribar al gobierno y recuperar el poder; otros, que fue una medida para resguardar la democracia.

Juicio postergado. En lugar de esclarecerse la operación policial, a fines de noviembre había de iniciarse el juicio contra 12 campesinos que habían ocupado en 2012 una hacienda de Curuguaty y que podrían ser sentenciados a penas de hasta 35 años de cárcel.

Un día antes del comienzo del proceso, este fue pospuesto sorpresivamente para junio de 2015. Según comunicó el fiscal paraguayo a DW por e-mail, el juicio fue “postergado porque hay que notificar todavía a cerca de 50 testigos” que viven en lugares apartados.

Consultado sobre de qué se acusa concretamente a los campesinos y a quién pertenecen esas tierras, el fiscal Jalil Rachid señaló a DW que hay “múltiples denuncias de desaparición de ganado, robo y otros delitos contra el medio ambiente”, y que hay un fallo judicial en el campo del derecho civil y comercial que respalda los intereses de la familia Riquelme sobre esos terrenos.

El fiscal agregó que hay una apelación en la Corte Suprema de Justicia, pero aún no se ha emitido un veredicto.

Propiedad de la tierra. La familia Riquelme arrienda 55.000 hectáreas en Curuguaty y es dueña de la empresa Campos Morombí.

“Aquí no se trata de robo, sino de la acusación de intento de homicidio”, replica Regine Kretschmer, encargada de América Latina de la organización internacional de derechos humanos Fian. Indica, además, que “la empresa Campos Morombí nunca ha tenido un título de propiedad y formalmente la tierra no le pertenece. Por eso, la realización de una razzia era ilegal”. A su juicio, si se admitiera que el terreno no era propiedad privada, la acusación se desmoronaría.

De acuerdo con el Banco Mundial, Paraguay es el país con la mayor desigualdad en lo que a la distribución de la tierra se refiere. Al mismo tiempo, es el cuarto mayor exportador de soja transgénica del mundo.

Muchas irregularidades. “Todo el proceso es una farsa y está lleno de irregularidades”, afirma por su parte Inés Franceschelli, quien fuera secretaria de planificación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) entre mayo de 2010 y junio de 2012. Según indicó por mail a DW, en general “el avance de la agroindustria va aparejado de violencia contra las comunidades y familias de pequeños campesinos. Comunidades enteras desaparecen debido a la emigración forzada”. Agrega que la gran industria de la soja recibe además subvenciones, pero no paga impuestos.

En febrero ha de presentarse un informe extraoficial sobre el caso de Curuguaty, elaborado por diversas instituciones de la sociedad civil paraguaya. Se espera que contribuya a aclarar las circunstancias que rodearon las muertes de 2012, mientras los campesinos imputados siguen esperando en prisión un juicio justo.